Proponen prisión para quienes nieguen acceso a servicios o tecnologías contemplados en planes de salud

El procurador general de la Nación, Fernando Carrillo, y el contralor general de la República, Edgardo Maya, presentaron ante el Congreso un proyecto de ley que pide cárcel, sanciones disciplinarias y acciones fiscales para quienes no presten los servicios, retrasen la atención o no gestionen adecuadamente medidas para proteger la vida y la integridad de los usuarios del sistema de salud.

El fin del denominado “paseo de la muerte” es el objetivo principal de la propuesta, pero también la reducción de las tutelas por negación de servicios; según Carrillo, más de 200.000 tutelas fueron presentadas por este motivo en 2017.

Las acciones disciplinarias, penales y fiscales aplicarían a EPS e IPS, pero también a sus responsables administrativos.

De esta manera, se adicionarían al Código Penal las siguientes conductas como delitos contra la salud:

Atención de urgencia. El que niegue, retrase u obstaculice el acceso a servicios de salud cuando se trate de atención de urgencia incurrirá, por ese solo hecho y sin perjuicio de la pena que le corresponda por los demás delitos que se ocasionen con esta conducta, en prisión de 48 a 96 meses.

Negativa, retraso u obstaculización de acceso a servicios de salud. El que niegue, retrase, u obstaculice el acceso a servicios o tecnologías contemplados en los planes obligatorios de salud, o no excluidos expresamente, incurrirá en prisión de 32 a 72 meses.

Senado, proyecto de ley, Mayo 17/18

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