Con condicionamientos, Corte da visto bueno a reforma estatutaria a la salud

La Corte Constitucional declaró exequible el Proyecto de Ley 209/13S-267/13C, que consagra la sostenibilidad fiscal como principio del derecho fundamental a la salud.

Sin embargo, estableció varios condicionamientos a su vigencia, entre ellos el llamado a que ninguna de las disposiciones legislativas o administrativas mediante las cuales se regule la reforma reduzcan el alcance de la tutela como instrumento protector de ese derecho.

“Con respecto a los mecanismos, la Corte dijo lo siguiente: declarar exequible el artículo 1º, en el entendido de que la expresión ‘mecanismos de protección’ no dará lugar a que se expidan normas que menoscaben la acción de tutela”, indicó el presidente de la corporación, Luis Ernesto Vargas, al explicar los detalles de la decisión.

El magistrado también precisó que en el caso de la prestación de servicios de urgencias no se podrán exigir ciertos procedimientos como requisito para prestar acceder a ellos.

Vargas añadió que el mecanismo de control de precios previsto en la iniciativa debe garantizar que la vigilancia se mantenga, desde la producción de los insumos con los que se fabrica el medicamento, hasta su venta al consumidor final.

Otra de las consideraciones de la Corte apunta a que el principio de sostenibilidad fiscal no debe ser un obstáculo para la salvaguarda del derecho a la salud.

De acuerdo con la iniciativa, los recursos públicos no se podrán destinar a financiar servicios y tecnologías con propósitos cosméticos o suntuarios, tratamientos sin evidencia científica o que se encuentren en fase de experimentación.

En general, la reforma estatutaria se impulsó para determinar los derechos y deberes de pacientes y prestadores de servicios de salud, así como para regular los precios de los medicamentos.

Cabe recordar que la Procuraduría General de la Nación había pedido declarar inexequible la reforma, porque no se anunció la votación del informe de conciliación en la sesión plenaria del Senado.

Además, consideró que privilegiar la atención sobre algunas comunidades vulnerables, incluidas las mujeres embarazadas, cuando la garantía debe cobijar a todos los nacionales, no se ajusta a la Carta Política.