Sin la correspondiente sanción presidencial, el Gobierno devolvió al Congreso, por razones de inconveniencia, el proyecto de ley que ampliaba las posibilidades de retiro de cesantías para educación.

Como se recordará, la iniciativa había sido aprobada por el Congreso y proponía la adición de la Ley 50 de 1990, para que el trabajador afiliado a un fondo de cesantías también pueda retirar las sumas abonadas para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes, a través de las figuras de ahorro programado o seguro educativo, según su preferencia y capacidad.

Dentro del informe de objeciones presentado el pasado 22 de julio, el Ejecutivo explica que si bien comparte la finalidad y los objetivos que rodean la iniciativa, los reparos están orientados a sugerir al Legislativo algunas precisiones meramente formales, que apuntan a facilitar la implementación de las normas incorporadas en el proyecto.

Según indica la objeción, el proyecto tiene por objeto que el trabajador afiliado a un fondo de cesantías también esté facultado para retirar las sumas abonadas para destinarlas al pago de educación superior de sus hijos o dependientes. “Se trata, en efecto, de dos categorías diferenciadas de beneficiarios. No obstante, la redacción del articulado propuesto es un poco ambigua al determinar lo qué debe entenderse por el concepto de dependientes”.

A juicio de la Presidencia, la categoría “dependientes” se torna de difícil reglamentación e implementación, por lo que, en función de la precisión de una disposición de orden legislativo, se sugiere aportar mayor claridad sobre el particular.

Presidencia de la República, Objeciones P. L. 143/15C-158/15S, 22/07/16

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