La plenaria de la Cámara aprobó en último debate, con 90 votos a favor y 13 en contra, este acto legislativo que prohíbe la creación y promoción de grupos civiles armados.

El ministro del Interior, Guillermo Rivera, explicó que lo que se pretende con esta reforma es elevar "al nivel constitucional las garantías de no repetición, lo que no significa que, en el pasado, se hubieran permitido (conductas violatorias)".

Explicó que este es un proyecto de reforma constitucional que reivindica el monopolio de las armas y de la fuerza en manos del Estado y, a su vez, prohíbe la conformación, apoyo, financiación, encubrimiento, favorecimiento o empleo oficial o privado de grupos civiles armados organizados, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas. (Lea: El monopolio de la fuerza y los Acuerdos de La Habana)

Además, contribuye al aseguramiento del monopolio legítimo de la fuerza y uso de armas por parte del Estado y prohíbe la creación, promoción, instigación, instrucción, encubrimiento, favorecimiento, financiación o empleo oficial o privado de grupos civiles armados organizados, así como sus redes de apoyo, estructuras o prácticas.

Este acto legislativo, que forma parte del procedimiento legislativo especial para la paz, será conciliado en Cámara y Senado.

Armas y polìtica

Tal y como Ámbito Jurídico lo había informado, el proyecto de acto legislativo responde a lo establecido en el punto 3.4 del acuerdo de paz suscrito entre el Gobierno y las Farc, en el cual se pactaron las garantías de seguridad y lucha contra las organizaciones y conductas criminales responsables de homicidios y masacres, incluyendo las que hayan sido denominadas como “sucesoras del paramilitarismo” y sus redes de apoyo. (Lea: ¿Por qué se quiere modificar la Constitución para fortalecer el monopolio estatal de las armas?)

En otras palabras, se pretende que ningún colombiano vuelva a utilizar las armas en la política, ni que promueva organizaciones violentas que irrumpan en la vida de los colombianos vulnerando los derechos humanos, afectando la convivencia y alterando las condiciones de seguridad que demanda la sociedad.

Mininterior, Comunicado, 08/29/2017

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