El presidente de la República, Juan Manuel Santos, objetó por inconstitucionalidad el proyecto de ley que establece lineamientos para adoptar una política pública de gestión de residuos de aparatos eléctricos y electrónicos.

Según el Ejecutivo, la comisión de conciliación se excedió en su competencia para dirimir las discrepancias entre los textos aprobados en Cámara y Senado.

El Ejecutivo recordó que si bien las comisiones accidentales de mediación pueden solucionar las diferencias entre lo aprobado por cada célula legislativa, el ejercicio de esa función debe someterse a las normas que regulan sus competencias.

De este modo, si el texto de un parágrafo aprobado por la plenaria del Senado es diferente al aprobado por la plenaria de la Cámara, la comisión debió adoptar uno u otro, o redactar una nueva fórmula que no alterara lo aprobado, pero no acoger un tercer texto que no correspondiera a lo discutido en el trámite legislativo.

De acuerdo con el informe de objeciones, para el caso del proyecto de política nacional de residuos electrónicos, la exclusión de un literal del texto “configura una extralimitación de las funciones que la Constitución, la ley y la jurisprudencia otorgan a las Comisiones de Conciliación”.