Marco Jurídico para la Paz pasa a penúltimo debate

El proyecto de Marco Jurídico para la Paz, que incorpora disposiciones de justicia transicional a la Constitución, fue aprobado ayer, en sexto debate, por la Cámara de Representantes.

La iniciativa, con la que se busca facilitar un eventual proceso de paz con grupos armados ilegales, fue respaldada por los parlamentarios con 127 votos a favor y 26 en contra.

El ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, celebró que se haya dado luz verde a la iniciativa y felicitó a los representantes que la apoyaron. “Tenemos el derecho de soñarnos pronto con un proceso de paz, y esas negociaciones solamente serán posibles si hay un sistema de justicia transicional suficientemente sólido, serio y capaz de responder a las necesidades de los colombianos”, sostuvo.  

Esguerra se  refirió  a la facultad que se le entregaría al Fiscal General de la Nación para definir criterios de priorización en el ejercicio de la acción penal, y sostuvo que “se realizará un proceso de selección, para concentrar esfuerzos en aquellos casos que corresponden a los máximos responsables de los crímenes de lesa humanidad”.

Los representantes a la Cámara incluyeron un inciso según el cual, en el caso de los agentes del Estado, las herramientas de justicia transicional solo podrán aplicarse de manera individual, con un mecanismo particular, teniendo en cuenta la misión constitucional que les fue encomendada.

¿Qué contempla el proyecto?

En términos prácticos, la  reforma constitucional facultaría  jurídicamente al Presidente de la República para buscar una salida al conflicto armado interno. Un artículo transitorio, el 66,  facilitaría las negociaciones, a través de instrumentos de carácter judicial y extrajudicial, que garanticen los deberes estatales de investigación y sanción.

“Los instrumentos de justicia transicional tendrán como finalidad prevalente la terminación del conflicto armado interno y el logro de la paz estable y duradera, con garantías de no repetición y de seguridad para todos los colombianos”, señala la propuesta.

Sin perjuicio del deber de investigar y sancionar las graves violaciones a los derechos humanos y al derecho internacional humanitario, el Congreso, por iniciativa del Gobierno, podría determinar criterios de selección, para centrar los esfuerzos en la investigación de los máximos responsables de crímenes de lesa humanidad o de guerra, establecer los casos en los que procedería la suspensión de la ejecución de la pena y autorizar la renuncia condicionada a la persecución judicial de los casos no seleccionados.

En los casos de grupos armados ilegales que hayan participado en las hostilidades, la aplicación de los instrumentos de justicia transicional se limitaría a quienes se desmovilicen colectivamente en el marco de un acuerdo de paz o a quienes se desmovilicen de manera individual, de conformidad con los procedimientos establecidos y con la autorización del Gobierno Nacional.

En ningún caso se podrían aplicar estos instrumentos a quienes no sean parte en el conflicto o a miembros de grupos armados que, una vez desmovilizados, sigan delinquiendo.

La liberación de las personas secuestradas sería requisito para la suscripción de un acuerdo de paz.