Ayer se radicó la ponencia positiva para penúltimo debate del proyecto de justicia transicional que impulsa el Gobierno, conocido como Marco Jurídico para la Paz.

Nuevos cambios se introdujeron en la propuesta de reforma constitucional. Por ejemplo, se plantea que una ley estatutaria establezca qué conductas se considerarán conexas al delito político, con lo cual se abriría paso a la participación en política de los desmovilizados.

La misma ley estatutaria definiría los casos en los que procederán las sanciones extrajudiciales, penas alternativas o modalidades especiales de ejecución y cumplimiento de penas.

“En cualquier caso, el tratamiento penal especial mediante la aplicación de instrumentos constitucionales estará sujeto al cumplimiento de condiciones tales como la dejación de las armas y la contribución al esclarecimiento de la verdad y a la reparación integral de las víctimas”, advierte la iniciativa.

De otro lado, se hace explícito que los esfuerzos de investigación de la Fiscalía General de la Nación deben concentrarse en crímenes de lesa humanidad, crímenes de guerra y genocidio. El Fiscal General de la Nación será quien determine los criterios de priorización de los casos.

Se mantuvo la inclusión de los agentes del Estado como beneficiarios de estos instrumentos, en caso de que hayan infringido las normas penales, pero solo de manera individual.

Finalmente, la comisión de la verdad que se crearía solo operará una vez termine el conflicto armado.