Once miembros de la Subdivisión de Procedimientos Especiales de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtieron al Gobierno y el Congreso colombianos sobre los riesgos de la reforma constitucional al fuero penal militar.

En una carta abierta al público, señalaron que, en caso de aprobarse la reforma, se perjudicaría seriamente la administración de la justicia en las presuntas violaciones a los derechos humanos y el derecho internacional humanitario cometidas por miembros de la fuerza pública.

Los expertos consideran que este cambio en el orden constitucional representaría un retroceso histórico en los avances del Estado colombiano en la lucha contra la impunidad y el respeto y la garantía de los derechos humanos.

La misiva se refiere a temas como la ampliación de la competencia de los tribunales militares o policiales, la posibilidad de que la justicia penal militar sea la primera en determinar si existe indicio de una violación a los derechos humanos o infracción al derecho internacional humanitario y el establecimiento de un Tribunal de Garantías Penales.

Además, expresa su preocupación, porque la propuesta no se refiere específicamente a los crímenes de violencia sexual, tortura, ejecución extrajudicial y reclutamiento o uso de menores.

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