Buscan penalizar el porte y uso de armas blancas
08 de Octubre de 2018
Se radicó en el Congreso de la República un proyecto de ley que modificaría varias disposiciones relacionadas con la fabricación, tráfico y porte de armas de fuego y armas blancas, con el fin de sancionar y prevenir los daños que se puedan cometer.
La iniciativa, de cuatro artículos, modificaría el artículo 365 de la Ley 599 del 2000, incrementando la pena de prisión de 12 a 16 años y, en caso de reincidencia, de 16 a 20 años de prisión. Así mismo, se modificaría el artículo 366, sobre fabricación, tráfico y porte de armas, municiones de uso restringido, de uso privativo de las fuerzas armadas o explosivos, incrementando la pena de 15 a 20 años de prisión y, en caso de reincidencia, de 20 a 24.
Por último, crearía un nuevo artículo (365 A) relacionado con la fabricación, tráfico, porte o tenencia de armas blancas, cuya pena de prisión iría de 4 a 8 años, salvo que las mismas sean usadas en labores domésticas, laborales y/o educativas. En caso de reincidencia, la pena de prisión sería de 8 a 12 años.
De acuerdo con el primer parágrafo de la disposición, se entienden por armas blancas los cuchillos, navajas, machetes, hachas, garfios, bisturís, hojillas de afeitar, tijeras, aquellas que la ley haya establecido como tal y cualquier otro elemento alterado en su forma sacándole filo para utilizarlo como cortopunzante.
En concepto de autor del proyecto, si bien las armas de fuego inciden de mayor manera en los índice de homicidio y violencia en el país, las armas blancas han cobrado protagonismo y, al no estar penalizado su uso y porte, cada vez son más los ciudadanos que las portan teniendo en cuenta que no recibirán sanción, situación que ha incrementado notablemente su uso.
Según la publicación Forensis 2017, del Instituto Nacional de Medicina Legal y Ciencias Forenses, se presentaron 8.112 casos de homicidio con proyectil de armas de fuego y 2.174 con mecanismo cortopunzante, 261 con mecanismo cortocontundente, 56 con cortante y 30 con punzante.
Congreso, proyecto de ley 164/18S, Sep. 26/18.
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