A una semana de la presentación de la ponencia positiva al proyecto de acto legislativo que penalizaría el aborto y la eutanasia, los senadores Roy Barreras y Luis Carlos Avellanada solicitaron el archivo de la iniciativa.

Invocando el Derecho Internacional de los Derechos Humanos (DIDH) y la jurisprudencia de la Corte Constitucional, los ponentes aseguraron que el derecho a la vida debe ser protegido, pero no de forma absoluta.

En su opinión, esa protección no cobija a los nasciturus, porque, al no haber nacido todavía, no son titulares de los derechos humanos. Adicionalmente, indicaron que penalizar el aborto en todos los casos es un retroceso jurídico y social, pues se expone a las mujeres a situaciones riesgosas e indignas.

Por otro lado, los ponentes señalaron que el derecho humano a la vida implica la posibilidad de morir dignamente. Obligar a una persona que sufre una enfermedad terminal a prolongar su vida es un trato cruel, que viola el libre desarrollo de la personalidad, la autonomía y la libertad de conciencia, agregaron.

Así las cosas, si la vida es un derecho, y no una obligación, la persona puede terminar con su existencia, cuando esta es indigna. Asumir una posición contraria desnaturaliza el Estado social de derecho y lo convierte en paternalista, afirmaron los congresistas.

La ponencia destaca las altas cifras de muerte de mujeres que se practicaron abortos clandestinos y recalca que, desde hace una década, países como Holanda y Bélgica despenalizaron la eutanasia.