Seguridad ciudadana, a penúltimo debate con ponencia positiva

El proyecto de seguridad ciudadana es una gran reforma penal que busca medidas eficaces en la lucha contra las bandas criminales organizadas. La propuesta fue presentada por el Ministerio del Interior y de Justicia y reformaría los códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio.

En la iniciativa, aparecen nuevos delitos, como el tráfico de menores de edad, que se castigaría con prisión de 15 a 30 años. Igualmente, utilizar a esta población para cometer delitos tendría penas de 10 a 16 años.

Además, se crearía el delito de pertenencia a grupos de delincuencia organizada, sancionable con prisión de 16 a 25 años. A los líderes de estas organizaciones se les aumentaría la pena, de una tercera parte a la mitad.

También se perseguirá la enajenación ilegal de medicamentos, para castigar a quienes vendan medicinas entregadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La prisión iría de 24 a 48 meses.

Por otra parte, a la utilización ilícita de redes de comunicaciones se le aumentaría la pena, que sería de 4 a 8 años, y se duplicará si es con fines terroristas.

Actualmente, la explotación ilícita de yacimientos mineros se castiga con cárcel de 2 a 8 años. El Gobierno pide duplicar la pena, si se pone en peligro la vida de las personas o se causan daños al medio ambiente. En materia de tierras, su usurpación tendría cárcel de 48 a 54 meses, y se aumentaría el castigo por promover invasiones, con prisión de 4 a 8 años.

La simulación de investidura o cargo público ya no tendría como sanción una multa, sino que se castigaría con prisión de 2 a 4 años. Igualmente, la perturbación de actos oficiales se condenaría con penas de cárcel de 2 a 4 años.