El proyecto de seguridad ciudadana es una gran reforma penal que busca medidas eficaces en la lucha contra las bandas criminales organizadas. La propuesta fue presentada por el Ministerio del Interior y de Justicia y reformaría los códigos Penal, de Procedimiento Penal, de Infancia y Adolescencia y las reglas sobre extinción de dominio.

En la iniciativa, aparecen nuevos delitos, como el tráfico de menores de edad, que se castigaría con prisión de 15 a 30 años. Igualmente, utilizar a esta población para cometer delitos tendría penas de 10 a 16 años.

Además, se crearía el delito de pertenencia a grupos de delincuencia organizada, sancionable con prisión de 16 a 25 años. A los líderes de estas organizaciones se les aumentaría la pena, de una tercera parte a la mitad.

También se perseguirá la enajenación ilegal de medicamentos, para castigar a quienes vendan medicinas entregadas por el Sistema General de Seguridad Social en Salud. La prisión iría de 24 a 48 meses.

Por otra parte, a la utilización ilícita de redes de comunicaciones se le aumentaría la pena, que sería de 4 a 8 años, y se duplicará si es con fines terroristas.

Actualmente, la explotación ilícita de yacimientos mineros se castiga con cárcel de 2 a 8 años. El Gobierno pide duplicar la pena, si se pone en peligro la vida de las personas o se causan daños al medio ambiente. En materia de tierras, su usurpación tendría cárcel de 48 a 54 meses, y se aumentaría el castigo por promover invasiones, con prisión de 4 a 8 años.

La simulación de investidura o cargo público ya no tendría como sanción una multa, sino que se castigaría con prisión de 2 a 4 años. Igualmente, la perturbación de actos oficiales se condenaría con penas de cárcel de 2 a 4 años.