Reforma al arancel judicial pasa a sanción presidencial

El Senado de la República aprobó, en cuarto debate, al proyecto que busca reformar el arancel judicial.

Según la propuesta, el arancel corresponderá al 1,5 % de las pretensiones (aunque no podrá superar los 200 salarios mínimos mensuales) y tendrá que ser cancelado por el demandante antes de iniciar el proceso.

Esta contribución parafiscal se aplicará a todos los procesos judiciales con pretensiones dinerarias, excepto a los procedimientos arbitrales, penales, laborales, de familia, de menores, procesos liquidatorios, de insolvencia y de jurisdicción voluntaria, entre otros. 

El Ministerio de Justicia afirmó que, con este proyecto, la Rama Judicial percibirá alrededor de 70.000 millones de pesos al año en procesos civiles y contenciosos administrativos, cuando el demandante sea un particular.

“El arancel judicial es una contribución parafiscal destinada a sufragar gastos de inversión de la administración de justicia. Sin embargo, por tratarse de un pago que no se exigía sino hasta que se finalizara el proceso, estaba siendo evadido por las partes. Lo que hicimos fue convertirlo en una medida que se tome desde el comienzo del proceso”, indicó la ministra de Justicia, Ruth Stella Correa.

La funcionaria explicó que  los recursos recaudados se utilizarán con fines de descongestión de los despachos judiciales, el  fortalecimiento de los procesos orales y  la consecución de infraestructura técnica y tecnológica para la Rama Judicial.

La propuesta establece medidas que, según Correa, incentivan la conciliación de los litigios y permiten que las partes puedan negociar y llegar acuerdos antes que demandar.

“Como en todo proceso judicial, al final del proceso el pago del arancel será asumido por quien pierda la demanda, sin embargo, la ley, que pasa a sanción presidencial, establece que asume este costo quien pierda la demanda siempre y cuando declare renta. De lo contrario, el costo lo asume el demandante”, concluyó la ministra.