El Gobierno presentó ante el Congreso un proyecto de ley que está contemplado como un gran estatuto contra la corrupción, conformado por 12 capítulos y 91 artículos, el cual plantea cambios importantes en temas como extinción de dominio, protección de testigos y medidas contractuales a los aportantes de campañas electorales.

También refuerza la búsqueda de beneficiarios finales de los actos de corrupción y propone la creación de un régimen sancionatorio a las empresas en las que sus representantes sean condenados por prácticas corruptas.

Así, se propone incluir como víctimas a los ciudadanos que se vean afectados por los hechos de corrupción. De esta manera, busca promover una indemnización efectiva de las víctimas individuales y colectivas de este delito y garantizar que las indemnizaciones por estos actos sean invertidas en el resarcimiento y restablecimiento de los derechos colectivos.

En materia de extinción de dominio se agiliza la disposición de los bienes. Para ello, se crea un fondo especial que estará bajo la administración del Fiscal General y se define cuál será el uso de esos bienes, de tal manera que se puedan precautelar de manera oportuna.

También plantea ajustes a la acción de repetición contenida en la Ley 678 del 2001 y prevé sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción. 

Así se presentan los temas fundamentales del proyecto:

1. Medidas de protección para los quejosos, denunciantes o quien informe actos de corrupción.
   
    
2. Responsabilidad de las personas jurídicas.
   
    
3. Fortalecimiento de la extinción de dominio.
   
    
4. Beneficiario final.
   
    
5. Sistemas de intercambio de información, articulación y colaboración para la lucha contra la corrupción.
   
    
6. Pedagogía para la promoción de la transparencia y lucha contra la corrupción.
   
    
7. Fortalecimiento administrativo para la lucha contra la corrupción.
   
    
8. Fortalecimiento de la transparencia en el proceso de elección de personeros y en el desarrollo de su gestión.
   
    
9. Disposiciones en materia de daño y reparación de los afectados por actos de corrupción.
   
    
10. Ajustes a la acción de repetición contenida en la Ley 678 del 2001.
    
     
11. Ajustes al régimen disciplinario para combatir la corrupción.
    
     
12. Disposiciones en materia contractual para la moralización y la transparencia.

Sobre la sanción a las personas jurídicas se plantea que aplique cuando exista un fallo condenatorio o principio de oportunidad contra directores, administradores, representantes legales, revisores fiscales u otros funcionarios o empleados que con su delinquir beneficiaron a las empresas y sucursales de sociedades extranjeras domiciliadas en Colombia, a las personas que integren uniones temporales o consorcios, a las empresas industriales y comerciales del Estado, empresas de economía mixta y entidades sin ánimo de lucro.