Proyecto sobre corrupción trasnacional pasa a penúltimo debate

En segundo debate, la Cámara de Representantes aprobó el proyecto del Gobierno que busca castigar a las empresas que cometan delitos relacionados con corrupción trasnacional. Se trata de una propuesta necesaria dentro del proceso de adhesión de Colombia a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

Esta propuesta permitiría sanciones millonarias para las organizaciones que incurran en un soborno, penas superiores a los nueve años de prisión y hasta la inhabilidad para ejercer el comercio y contratar con el Estado.

Sobre este último asunto, las empresas encontradas responsables de tal conducta no podrían recibir incentivo o subsidio alguno de parte del Gobierno, en un periodo de cinco años.

Así mismo, se pretende prohibir a los exservidores públicos prestar servicios de asistencia, representación o asesoría frente al organismo estatal, entidad o corporación en la cual desempeñaron funciones en un cargo de nivel directivo, hasta por el término de un año después de la dejación del mismo. Esta prohibición sería indefinida en el tiempo respecto de los asuntos concretos conocidos por el servidor en ejercicio de sus funciones.

Por otro lado, las cámaras de comercio crearían  un registro de las empresas “pro-éticas”, las cuales invertirán voluntariamente en políticas de promoción de la ética, integridad y prevención de la corrupción, lo anterior como mecanismo de publicidad.

Adicionalmente, quedó establecido expresamente que cuando las superintendencias Financiera y de Sociedades necesiten información acerca de una investigación penal en curso, o requieran trasladar a la actuación sancionatoria administrativa elementos materiales probatorios o evidencias físicas que no hayan sido descubiertos, así lo podrán solicitar a la Fiscalía General de la Nación. (Lea: Empresas que incurran en soborno transnacional pagarían multas de hasta 200.000 salarios mínimos)

De todos modos, se precisa que la Fiscalía evaluará la solicitud y determinará qué información o elementos materiales probatorios puede entregar, sin afectar la investigación penal ni poner en riesgo el éxito de la misma. Así mismo, informará a las superintendencias toda noticia criminal que sea calificada provisionalmente como soborno transnacional. Esta información sería suministrada inmediatamente después del inicio de la indagación preliminar. (Cámara tramita proyecto de ley contra el soborno trasnacional)

También informaría, de manera espontánea, a las autoridades judiciales y administrativas de países extranjeros sobre toda noticia criminal que sea calificada provisionalmente como cohecho, donde la conducta bajo investigación haya sido cometida por los empleados o administradores de una persona jurídica domiciliada en el exterior.

Por último, se modificaría el Código Penal para castigar con prisión de 9 a 15 años a los responsables de estas conductas.

(Cámara de Representantes, Texto definitivo proyecto de ley 159/14C, Agosto 05/15)