Las plenarias del Congreso aprobaron anoche el proyecto de ley que establece el régimen jurídico de las asociaciones público-privadas para el desarrollo de obras de infraestructura. La iniciativa, que pasa a sanción presidencial, facilitaría el desarrollo de estos proyectos, que serían financiados por el sector privado.

En concreto, las asociaciones público-privadas permitirán realizar contratos entre una entidad estatal y una persona natural o jurídica de derecho privado, para proveer bienes públicos y servicios relacionados, mediante contratos que durarían máximo 30 años, incluidas las prórrogas.

De acuerdo con la futura norma, dichos contratos, que buscan atraer inversionistas de capital de largo plazo, deberán tener un monto de inversión superior a los 6.000 salarios mínimos mensuales.

La participación de dineros públicos no superaría el 20 % del presupuesto estimado de inversión, y los particulares podrían asumir la totalidad de los costos y riesgos, sin que la entidad estatal deba retribuir la inversión.

No obstante, el derecho a recibir desembolsos de recursos públicos dependerá de la disponibilidad de la infraestructura y del cumplimiento de estándares de calidad.

El senador Juan Carlos Restrepo resaltó la importancia de la iniciativa e indicó que, ahora, los riesgos de los proyectos serán asumidos por los inversionistas privados.

La propuesta fue tramitada con mensaje de urgencia.