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Actualizado hace 1 hour | ISSN: 2805-6396

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Congreso


Proyecto pide que entidades territoriales puedan derogar normas que regulen sus competencias

03 de Marzo de 2015

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En la Cámara de Representantes, se radicó un proyecto de ley que pide crear una figura denominada “experimentación”, para que las entidades territoriales puedan derogar normas que regulen el ejercicio de sus competencias, siempre y cuando no se afecte el ejercicio de una libertad o derecho fundamental.

 

Según los autores de la propuesta, con esta experimentación, que no podría exceder los ocho años, se incentivaría la iniciativa local, se adecuarían las competencias territoriales a un objetivo específico, se identificarían posibles imperfecciones y se probarían las reformas que podrían introducirse, con el fin de brindarles un mejor servicio a los ciudadanos.

 

La figura les otorga responsabilidades a las entidades territoriales en el marco del principio de proximidad, permitiendo que las decisiones sean tomadas lo más cerca del terreno o del ámbito de su aplicación, lo cual “repercute en una renovación de las modalidades de descentralización”.

 

Además, agrega que el control administrativo propuesto no sería distinto a un control de legalidad, que tiene como finalidad encuadrar jurídicamente la acción pública local y de ciertas entidades. La propuesta también plantea un control administrativo que establezca límites entre la descentralización y la federación.

 

Los actos administrativos de carácter general e impersonal proferidos por una entidad territorial que versen sobre la derogación de disposiciones normativas y sean expedidos en virtud de la figura de la experimentación deberán precisar su duración y validez y serán obligatorios desde su publicación, previa remisión, con todos los antecedentes y documentos que los soportan, al Ministro del Interior.

 

A esta entidad también se tendrían que remitir todos los actos administrativos que expidan las entidades territoriales para regular asuntos relacionados con ordenamiento territorial y urbanismo, y todos los contratos cuya cuantía sea igual o superior 1.650 salarios mínimos mensuales que pretenda celebrar una entidad.

 

(Cámara de Representantes, Proyecto de ley 203/15C, mar. 17/15)

 

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