El pasado jueves, el Gobierno radicó en el Congreso un proyecto de ley anticontrabando, con el que busca mejorar la coordinación y capacidad del Estado en la lucha contra este delito, elevar las penas para quienes lo han usado como mecanismo de lavado de activos y financiación del terrorismo y contar con recursos para atacarlo de manera más contundentemente.

El ministro de Comercio, Sergio Díaz-Granados, destacó que la iniciativa amplía las competencias de la Unidad de Inteligencia de Análisis Financiero, para que pueda realizar actividades de inteligencia, y le otorga facultades permanentes de policía judicial a la DIAN.

Díaz-Granados aseguró que la propuesta no solo endurece las penas por contrabando y moderniza los tipos penales para facilitar su persecución, sino que además incluye normas orientadas a fortalecer la cooperación internacional en la lucha contra esa actividad ilegal.

El funcionario señaló que los ingresos del contrabando técnico se estiman en unos 6.000 millones de dólares anuales, y advirtió que quienes incurran en esta conducta podrían pagar penas de hasta 20 años de cárcel. 

Finalmente, indicó que la evasión por concepto de aranceles e impuestos ha alcanzado los 1.200 millones de dólares.