Congreso
Proyecto de acto legislativo busca precisar alcance del fuero penal militar
30 de Julio de 2014
La bancada del Centro Democrático radicó un proyecto de reforma a la justicia penal militar que adicionaría el artículo 221 la Constitución, con el fin de incorporar cláusulas que determinen el alcance del fuero penal militar.
La iniciativa busca precisar el sentido de la expresión “relación con el servicio”, como elemento central para establecer si una conducta está comprendida en el ámbito de competencia de la justicia castrense.
Así, se entendería que el delito relacionado con el servicio se comete en desarrollo de operaciones militares u operativos policiales y demás procedimientos, actividades y tareas realizadas por los miembros activos de la fuerza pública en cumplimiento de su misión constitucional, legal y reglamentaria.
Las conductas constitutivas de infracciones al Derecho Internacional Humanitario atribuidas a los miembros de la fuerza pública en desarrollo de operaciones militares u operativos policiales serían investigadas y juzgadas por cortes marciales y tribunales militares.
Además, el proyecto de acto legislativo pide que las faltas disciplinarias cometidas por los miembros de la fuerza pública sean investigadas y sancionadas en forma prevalente por las autoridades militares, y que se suprima el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación en estos casos.
Según la exposición de motivos, el restablecimiento del fuero militar es necesario para la corrección de interpretaciones distorsionadas y desarrollos legales que lo han reducido a su mínima expresión.
“La precisión de reglas mínimas, pero básicas de investigación y juzgamiento, permiten a cada soldado y policía desarrollar con tranquilidad las actividades derivadas de su función, sin peligros adicionales a los connaturales a la vida de riesgo que voluntaria y valerosamente han asumido en beneficio del resto de la sociedad”, señala el proyecto.
Finalmente, agrega que en la actualidad cerca de 15.000 miembros de la fuerza pública son o han sido procesados por comportamientos realizados durante el servicio, de los cuales aproximadamente 450 fueron condenados y unos 1.600, cobijados con detención preventiva.
(Senado de la República, Proyecto de Acto Legislativo 010/14S, jul. 21/14)
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