Proponen constitucionalizar el derecho a la interrupción voluntaria del embarazo

La interrupción voluntaria del embarazo (IVE) podrá realizarse en los casos señalados por la ley. Esta es la modificación al artículo 11 de la Constitución Política que propone un grupo de congresistas.

Los parlamentarios  argumentan que su propuesta no toma partido por la despenalización total del aborto, sino que busca apartarse de criterios morales o religiosos y acercarse a pautas científicas, como las señaladas por la Organización Mundial de la Salud, organismo que ha afirmado que los métodos clínicos para el aborto durante el primer trimestre de gestación son seguros y efectivos.

Los autores de la propuesta enfatizan que la reglamentación de la IVE deberá hacerse mediante ley estatutaria, pues  involucra derechos fundamentales como la vida, el libre desarrollo de la personalidad, la dignidad humana, la salud física o mental y los derechos sexuales y reproductivos, razón por la cual su regulación se hará única y exclusivamente por esta vía.

Así mismo, la iniciativa señala que el propósito de abordar temas como el aborto es demostrar que esta práctica es la tercera causa de mortalidad materna.

“De acuerdo con la última información estadística disponible, en 2007, según el Informe de Vigilancia de la Sentencia C-355/067 (2010), adelantado por la Procuraduría Delegada Para La Defensa De Los Derechos De La Infancia, La Adolescencia Y La Familia, se explica que hubo 536 muertes maternas en Colombia, de las cuales 19 corresponden a complicaciones por abortos no espontáneos, lo que significa que el aborto provocado se constituye en la décima causa de muerte materna en el país”, señala el documento.

Seis años de la IVE

A principios de mayo pasado, se cumplió el sexto aniversario de la Sentencia C-355 del 2006, que reconoce el derecho a la IVE en tres circunstancias: grave peligro para la vida o la salud de la madre, violación o inseminación no consentida y malformaciones del feto que hagan inviable su existencia.

Con ocasión de esta fecha, varias ONG analizaron los obstáculos y avances de la decisión, y  advirtieron que aunque el derecho a la IVE es de obligatorio cumplimiento, los ataques en su contra han sido múltiples. Entre ellos, destacaron la suspensión provisional del Decreto 4444 del 2006, que reglamentó el procedimiento, y el intento de reforma constitucional para proteger la vida desde la concepción.