Presidente Santos pide a congresistas asistir a sesiones extras y archivar reforma a la justicia

El presidente de la República, Juan Manuel Santos, pidió ayer a los congresistas asistir a las sesiones extraordinarias convocadas para hoy y mañana en el Congreso, con el fin de archivar la reforma a la justicia.

Santos sostuvo que con dicho llamado se busca evitar el caos institucional y judicial que significaría la entrada en vigencia de la reforma. Además, señaló que nadie acusará a los parlamentarios de prevaricato por acudir a las sesiones extraordinarias. 

“El propio Fiscal General de la Nación no solo ha respaldado la decisión que tomamos de objetar esta reforma, sino que ha enfatizado el hecho de que el voto de los parlamentarios no implica ni puede implicar responsabilidad penal de ninguna clase”, indicó.

Horas antes, el Fiscal General de la Nación, Eduardo Montealegre Lynett, aseguró que las objeciones presidenciales al proyecto de reforma a la justicia son procedentes, pues las comisiones de conciliación excedieron sus facultades, afectando la garantía del fuero integral del Presidente, el Vicepresidente, el Fiscal y otros altos funcionarios del Estado.

“El Presidente de la República sí tiene facultades en la Constitución para objetar las reformas constitucionales y, por lo tanto, mientras el Congreso de la República no decida sobre la viabilidad de las objeciones  por inconveniencia e inconstitucionalidad que ha formulado el Presidente de la República no puede considerarse que ha entrado en vigor mediante publicación en el Diario Oficial la reforma a la justicia”, explicó el funcionario.

A juicio del Fiscal, los artículos en los cuales se incluyó entre los aforados a los secretarios de la Cámara de Representantes y el Senado, se debilitó la figura de la pérdida de investidura y se le quitaron facultades a la Fiscalía General de la Nación para investigar a ministros, embajadores, gobernadores y generales son inconvenientes.

Sin embargo, aclaró que se deberían rescatar las disposiciones relacionadas con la pérdida automática de la competencia de los funcionarios judiciales cuando no fallan a tiempo, la creación de jueces y tribunales, la supresión de la Comisión de Acusaciones, la doble instancia para los congresistas y la desaparición del Consejo Superior de la Judicatura.