¿Por qué volvió a fracasar el proyecto de cadena perpetua para delitos contra menores?

El proyecto de establecer la cadena perpetua para los delitos más graves que se cometan contra los menores de 14 años volvió a fracasar.

A las dos derrotas anteriores en el Congreso de la República y a la última en la Corte Constitucional, que declaró inexequible el proyecto de ley que convocaba a un referendo, se sumó una más en la Cámara de Representantes: la Comisión Primera archivó el proyecto de ley que convocaba a otro referendo, que pretendía imponer la cadena perpetua para los delitos de homicidio, secuestro y abuso sexual.

En esta ocasión, el fracaso de la iniciativa se debió al triunfo de una de las ideologías en pugna: la que defiende la tesis de que los problemas sociales, incluso los más graves, no se remedian con punición. Menos, si el endurecimiento de los castigos implica cambios constitucionales.

Esa fue la ponencia que originó el archivo del proyecto. La que ganó en el tercer debate en la Comisión Primera de la Cámara. Y eso significó la derrota de la tesis liderada por la senadora Gilma Jiménez y otro sector de la sociedad, que sí concibe el endurecimiento penal como alternativa de solución a dichos problemas.

En efecto, la Comisión Primera acogió la propuesta de la Comisión Asesora para el Diseño de la Política Criminal del Estado, que siempre concibió este proyecto como inconveniente, inconstitucional e inútil.

Inconveniente, por considerarlo una estrategia de desinformación a la opinión pública, al hacerle creer que el país necesita la cadena perpetua, para evitar el maltrato infantil.

Inconstitucional, porque desconoce principios superiores de la Carta Política, como el que concibe las penas como resocializadoras.

E inútil, por demostrar que este tipo de iniciativas no evitan que se siga asesinando, secuestrando o abusando sexualmente a los niños y adolescentes.

Las ponencias en contra del proyecto de cadena perpetua superaron el debate ideológico y acogieron el sentir de quienes siempre se han opuesto a la iniciativa. Así, se afirmó que una reforma constitucional de este talante no se podía aprobar, por tratarse de una estrategia electoral y una manifestación del populismo punitivo.

Según el jurista Jorge Humberto Botero, un gran contradictor de la idea, la decisión de la Cámara es sorpresiva, pero saludable, y demuestra la altura de los debates del Congreso.

Razones políticas, filosóficas y emocionales convergieron en el archivo del proyecto de reforma, la senadora Jiménez anunció que insistirá en ella, convocando, de nuevo, a un referendo. Esta vez, mediante el uso de la figura establecida en el artículo 32 de la Ley de Participación Ciudadana, que establece la posibilidad de convocarlo, para aprobar proyectos de ley negados por el Congreso.