Más de 250 organizaciones con sede en Colombia, España, Francia, Suiza, Suecia, EE UU, Alemania, Bélgica y Noruega entregaron una carta dirigida al Presidente de la República y al Congreso, en la que solicitan el retiro del proyecto de acto legislativo 192/12C 16/12S, que reforma la justicia penal militar. 

Los firmantes respaldaron el llamado de alerta al Gobierno y al Congreso que hicieron los 11 Relatores y Grupos de Trabajo de Naciones Unidas, para quienes la reforma implica un retroceso en la legislación y la jurisprudencia colombiana. 

De acuerdo con estas organizaciones, es necesario preservar la exclusión de crímenes contra los derechos humanos de la competencia de la jurisdicción penal militar.

La oficina de prensa del Senado informó que durante la audiencia pública celebrada el pasado 15 de noviembre, la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos advirtió que la reforma propuesta generaría inestabilidad jurídica o favorecería la impunidad.  

En sentido contrario se expresaron la Asociación Colombiana de Militares en Retiro (Acore), que agrupa a miembros de la reserva de la fuerza pública; el movimiento Damas Verdes y el Ministerio de Defensa, quienes cuestionaron la eficacia de la justicia ordinaria para investigar hechos ocurridos en combate.