Once proyectos para modificar la Constitución han sido radicados en el Senado

Al inicio del nuevo periodo constitucional, 11 proyectos de acto legislativo se han radicado en el Senado de la República.

De estas iniciativas, seis fueron presentadas por el Partido de La U, entre ellas, la de equilibrio de poderes, que consagra el voto obligatorio,  amplía el periodo presidencial a seis años y elimina la reelección, entre otras modificaciones.

Así mismo, se plantea consagrar que el segundo periodo legislativo de las sesiones ordinarias del Congreso no comience el 16 de marzo, sino el 20 de enero de cada año, y que se prohíba la reelección del Contralor General de la República, el Procurador General de la Nación y el Defensor del Pueblo.

También se radicó un proyecto que busca que el partido que tenga curules pertenecientes a personas investigadas por delitos contra los mecanismos de participación democrática o la administración pública a quienes se les haya dictado medida de aseguramiento pierdan su curul definitivamente. El partido que haya otorgado aval también perdería su derecho a presentar un candidato para la respectiva curul en las próximas elecciones.

Por su parte,  el Partido Conservador radicó tres iniciativas. La primera propone que el Presidente de la República sea elegido para un periodo de cinco años, sin derecho a reelección. La segunda modifica la integración del Senado y la Cámara de Representantes, y establece que el candidato que siguió en votos al ganador de las elecciones de Presidente y Vicepresidente, gobernadores y alcaldes tenga asiento en los respectivos cuerpos colegiados.

De otro lado, se  presentó un proyecto que busca establecer el acceso a banda ancha en internet como derecho fundamental.

Finalmente, el Partido Centro Democrático puso a consideración del Congreso dos iniciativas: una que pretende crear un tribunal nacional pro tempore para la fuerza pública, que revisaría, en única instancia, las sentencias condenatorias proferidas por los tribunales ordinarios, y otra que pide que los delitos cometidos por militares en servicio activo y en relación con este sean conocidos por cortes marciales o tribunales militares.