Human Rights Watch advierte que reforma a justicia penal militar traería impunidad

Por medio de una carta enviada al presidente de la República, Juan Manuel Santos, el director para las Américas de Human Rights Watch (HRW), José Miguel Vivanco, expresó su preocupación por la reforma a la justicia penal militar que se tramita en el Congreso.

Según Vivanco, la última versión de la propuesta, que pasa a séptimo debate, daría lugar a que graves violaciones a los derechos humanos cometidas por la Fuerza Pública queden en la impunidad, entre ellas ejecuciones extrajudiciales, torturas y abusos sexuales.

Así mismo, advirtió que la ayuda que EE UU brinda al país podría quedar en entredicho, si la norma es sancionada.

“La afirmación central tomada por su administración para justificar la enmienda es que es necesario remediar la política militar de ‘inseguridad jurídica’. Esta ‘inseguridad jurídica’ supuestamente ha sido generada por la acusación infundada de militares por crímenes de derechos humanos. Sin embargo, HRW ha pedido ejemplos de procesos penales infundados por las autoridades civiles durante varias reuniones con el Gobierno colombiano, y nadie ha sido capaz de proporcionar un solo caso para apoyar el reclamo”, señaló Vivanco.

Además, para la ONG, es infundado el argumento del Gobierno según el cual los militares temen ser investigados por matar combatientes durante las acciones del servicio.

“El Ministerio de Defensa indicó que desde 2009, luego de que se desató el escándalo de los ‘falsos positivos’, la fuerza pública colombiana ha matado en combate a 1.964 guerrilleros y miembros de grupos sucesores de los paramilitares. Si estas muertes reportadas como bajas en combate estuvieran efectivamente dando lugar a la investigación penal de los militares involucrados, en este momento habría cientos o incluso miles de militares que estarían siendo investigados por la Fiscalía por presuntas ejecuciones extrajudiciales cometidas desde 2009”, dice la carta.

De otro lado, destaca que, según un alto funcionario de la oficina del Fiscal General de la Nación, las ejecuciones extrajudiciales que se cometieron en la ciudad de Soacha (Cundinamarca), conocidas como 'falsos positivos”, han tenido 936 audiencias en tres años, debido a las tácticas dilatorias empleadas por los abogados de la defensa militar.

Finalmente, advierte que la  aprobación de la iniciativa  podría traer serias implicaciones para Colombia en lo que respecta a la Corte Penal Internacional, pues el sistema de justicia penal militar afectaría gravemente la independencia y la imparcialidad del Estado frente a las graves violaciones cometidas por miembros de la fuerza pública.

Esta semana, el ministro de Defensa, Juan Carlos Pinzón, aseguró que el proyecto de acto legislativo no está orientado a incentivar hechos de impunidad.

“Todo lo contrario, lo que busca esta reforma es tener una justicia especializada fuerte, y que quede claro qué es lo que va a la justicia ordinaria, para que también allí se haga justicia y no tengamos investigaciones eternas de años y años, gente detenida sin soluciones o casos que no se resuelven”, señaló.

Además de HRW, expertos de Naciones Unidas también expresaron recientemente su preocupación por la iniciativa.