Gobierno vuelve a presentar proyecto para crear zonas de desarrollo rural

El Ministerio del Interior radicó nuevamente la iniciativa que busca crear zonas de desarrollo rural, económico y social (Zidres). La propuesta le permitiría a cualquier persona inscribir proyectos productivos ante el Ministerio de Agricultura, si garantiza su viabilidad financiera, ambiental, jurídica y administrativa.

De esta manera, se recibirían beneficios como líneas de crédito especial, garantías sobre la producción, capacitación y formación, respaldo del 100% de los recursos y compensación de las inversiones realizadas, con la condición de que se vinculen como asociados a pequeños o medianos productores sin tierra.

Además, se le podría solicitar al Incoder la entrega en concesión, arrendamiento o cualquier otra modalidad contractual no traslaticia de dominio de baldíos ubicados en los lugares donde se desarrollarán las Zidres.

Cuando el trabajador agrario cumpla con los requisitos que distinguen al pequeño productor y no cuente con un título que acredite la propiedad de la tierra sobre la que desempeña sus labores agrarias, el Gobierno definirá un plan de formalización de la propiedad de la tierra dentro de las Zidres.

La propuesta crea el Fondo de Desarrollo Rural, Económico e Inversión, como una cuenta especial del Incoder. Sus recursos serán invertidos en proyectos de desarrollo rural y disminución de la pobreza vinculada con el sector agropecuario o en proyectos asociativos de las Zidres. Dichos proyectos podrán ser desarrollados en áreas ubicadas por fuera de las Zidres, siempre que se trate del sector rural.

Finalmente, las personas que estén ocupando predios baldíos que, a la fecha de la declaratoria de las Zidres, no cumplan con los requisitos establecidos en la Ley 160 de 1994 para ser beneficiarios de titulación podrían vincularse a los proyectos asociativos.

Según la exposición de motivos, con la implementación de la nueva ley se incentiva que los contratos propuestos sean de tipo asociativo e impongan obligaciones y beneficios recíprocos a las partes, para que, en coordinación con el Gobierno, se realice control respecto a la comunidad participante, garantizando la eficacia y transparencia durante la ejecución e implementación.

(Cámara de Representantes, Ponencia proyecto de ley 223/15C, abr. 16/15)

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