Gobierno propone nuevos cambios a reforma a la Ley de Justicia y Paz

El viceministro de Promoción de la Justicia, Miguel Samper, informó que en la reforma a la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005,) que está pendiente de debate en la plenaria del Senado, se propondrá fijar un plazo para recibir las solicitudes de postulación por parte de los desmovilizados.

“Es inaudito que siete años después de aprobada la ley los desmovilizados sigan levantando la mano para postularse, cuando en realidad la voluntad para colaborar con el proceso ha debido manifestarse desde el momento mismo en que fue aprobada o desde el momento mismo en que se produjo la desmovilización”, señaló el funcionario.

Por esta razón, plantea incluir en el proyecto un artículo que establezca como fecha límite de postulación el 31 de diciembre del año en curso.

“En el último año se han recibido cerca de 300 solicitudes que, en este momento, el Gobierno está evaluando, pero lo que no puede pasar es que los desmovilizados esperen que los mencionen en una versión libre para después levantar la mano y decir ‘ahora sí quiero postularme’. Lo que no vamos a permitir es que sigan pasando de agache las personas que deberían estar postuladas y respondiéndoles a las víctimas”, enfatizó.

Samper agregó que, después de la reforma, la Ley 975 del 2005 debe enfrentar tres retos preponderantes: garantizar que estén todos aquellos que deben responder por los delitos cometidos; que las cifras de hechos confesados no se queden solo en números, sino que se revele cómo fue el fenómeno paramilitar, y que se articule con los nuevos mecanismos de justicia transicional y política pública desarrollados durante el actual Gobierno.

El proyecto también permitiría aplicar la extinción de dominio sin esperar hasta que el magistrado dicte sentencia.  Además, endurece la persecución a los bienes que están en poder de los paramilitares desmovilizados.

“Si aparece algún bien que el postulado no entregó de aquí a 40 años, que es la máxima condena que podrían recibir a través de la justicia ordinaria, se le revocará inmediatamente el beneficio de la pena alternativa de ocho años. O entregan todos los bienes o van a perder todos los beneficios estipulados por la Ley de Justicia y Paz”, concluyó Samper.