El Gobierno radicó en el Senado de la República un proyecto de ley que crea y organiza el Sistema de Defensa Técnica y Especializada de los Miembros de la Fuerza Pública, luego de que la Corte Constitucional declarara inexequible, por vicios de trámite, el Acto Legislativo 02 del 2012 (reforma a la justicia penal militar).

La iniciativa consta de 17 artículos que desarrollan el inciso 7º del artículo 3º del acto legislativo declarado inconstitucional.

El objeto de este sistema es financiar servicios jurídicos que les garanticen a los miembros activos y retirados de la fuerza pública una representación que materialice su derecho a la defensa en las instancias disciplinaria y penal, tanto en el orden nacional como en el internacional.

Por otra parte, se prevé excluir de la cobertura del sistema de defensa técnica a los miembros de la fuerza pública cuyas conductas sancionables no hayan sido cometidas en ejercicio de la misión constitucional o las que correspondan a su ámbito privado.

El fondo se financiaría con las partidas asignadas por el presupuesto nacional, recursos de la cooperación internacional, donaciones y rendimientos financieros, entre otros recursos.

Estos dineros también se destinarán a “las demás actividades conexas, complementarias y necesarias que constituyan directa o indirectamente un medio indispensable para el cumplimiento adecuado de los fines del Sistema”, señala el proyecto.

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