Gobierno presenta proyecto de equilibrio de poderes a las altas cortes

Los presidentes de las altas cortes se reunieron hoy con representantes del Gobierno, para discutir acerca del proyecto de ley que busca garantizar el equilibrio de poderes.

El articulado de la reforma incluye elementos relacionados con el funcionamiento de la administración de justicia, como las facultades nominadoras de las altas cortes, el mecanismo de elección de los magistrados y la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Además, establece el voto obligatorio; pide eliminar la reelección y, en su lugar, ampliar el periodo del Presidente de la República a seis años; propone ampliar el periodo de los congresistas por el mismo tiempo, y crea la circunscripción territorial para la elección de senadores.

Los magistrados de las altas cortes, cuyo periodo se ampliaría a 12 años, no podrían aspirar a otra alta corporación, ni a cargos de elección popular dentro de los seis años siguientes a su salida de la magistratura. Así mismo, se crearía el Consejo Superior Judicial, que administraría la rama, a través de un gerente.

La propuesta señala que los servidores públicos no podrán nombrar como empleados a personas con las cuales tengan parentesco hasta el cuarto grado de consanguinidad, segundo de afinidad, primero civil o quienes estén ligados por matrimonio o unión permanente. Tampoco podrán designar o postular a personas vinculadas por los mismos lazos con servidores públicos competentes para intervenir en su designación.

Cabe recordar que, el mes pasado, el entonces ministro de Justicia, Alfonso Gómez Méndez, entregó para revisión del Presidente de la República el borrador de reforma a la justicia que, por encargo del Ejecutivo, elaboró una comisión asesora de alto nivel.

Entre los principales objetivos de la propuesta está fortalecer el acceso a la justicia como derecho fundamental, así como el trámite de la acción de tutela, con la creación de jueces y magistrados que se dediquen exclusivamente a resolver estos asuntos. Ante la vulneración de cualquier derecho fundamental en sus fallos, se aplicaría la nulidad de la sentencia, añade la iniciativa.

El saliente funcionario afirmó que el proyecto garantiza recursos para que, en los próximos seis años, con la inversión de dos billones de pesos, se implementen los planes de descongestión necesarios y se realicen adelantos en tecnología e infraestructura.