Gobierno llega a acuerdo sobre eliminación del Consejo Superior de la Judicatura

En una reunión que se llevo a cabo hoy en la Casa de Nariño, el Gobierno concertó con las altas cortes y los ponentes de la reforma a la justicia la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura.

Aunque en el trámite del acto legislativo en el Congreso de la República se había defendido la permanencia del alto tribunal, voceros del Senado cambiaron su posición frente al tema.

La decisión se tomó luego de que fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, dio a conocer denuncias sobre falsificación de actas y adulteración en nombramientos de magistrados. 

“Los hechos que fueron denunciados, y que están siendo investigados, consisten en la posible alteración de actas de la Sala Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura y la presunta adulteración de nombramientos de magistrados seccionales de este tribunal', afirmó el Fiscal.

El funcionario anunció que remitirá los procesos a la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes, para que ese organismo establezca la  responsabilidad de los magistrados involucrados en el caso.

Por su parte, el Consejo Superior, a través de un comunicado, aclaró que las investigaciones no involucran a magistrados de la Sala Jurisdiccional Disciplinaria.

De igual forma, señaló que estos hechos fueron conocidos por la corporación el pasado 25 de abril, por lo que se ordenó adelantar una actuación disciplinaria.

La corporación anunció que “estará atenta a presentar aclaraciones para proteger la autonomía e independencia judicial, que está siendo estigmatizada y desprestigiada”.

Cortes rechazaron la reforma

Los presidentes de la Corte Suprema de Justicia, Javier Zapata Ortiz; del Consejo de Estado, Gustavo Gómez Aranguren, y del Consejo Superior de la Judicatura, Ricardo Monroy Church rechazaron nuevamente el proyecto de reforma a la justicia que se tramita en el Congreso.

Mediante un comunicado de prensa dado a conocer ayer, los magistrados advirtieron que la iniciativa “les quita su independencia frente a las otras ramas del poder público”. 

Según Zapata, la crisis que atraviesa el Consejo Superior por cuenta del denominado “carrusel de las pensiones” no puede servir de excusa para adelantar una reforma de carácter estructural.

El magistrado advirtió que la reforma  debe tener en cuenta elementos de fondo, como la autonomía y la independencia judicial.

Por su parte, Gómez cuestionó la creación de una “supercorte” encargada de juzgar y procesar a los magistrados, lo que, a su juicio, acabaría con su fuero constitucional y afectaría la independencia de sus decisiones.

Los presidentes recordaron que durante la XVI asamblea plenaria de la cumbre judicial iberoamericana, que se llevó a cabo en Argentina del 25 al 27 de abril, se ratificó el Estatuto del Juez Iberoamericano, que consagra la independencia judicial como un derecho de los ciudadanos y una “garantía del correcto funcionamiento del estado constitucional y democrático de derecho”.