Gobierno adiciona 10 proyectos a su agenda en el Congreso

El pasado 28 de marzo, el Gobierno anunció que presentaría 11 proyectos de ley para su estudio en el periodo de sesiones ordinarias del Congreso. Estas iniciativas amplían la agenda del Gobierno, pues el proyecto de ley de víctimas, la iniciativa anticorrupción, la de seguridad ciudadana, el Código de Convivencia y el proyecto sobre delitos menores se encuentran en trámite legislativo.

Sin embargo, la inexequibilidad de la segunda emergencia económica, social y ecológica declarada por la ola invernal podría alterar los planes del Ejecutivo. Precisamente, el Gobierno anunció su intención de revivir mediante leyes las medidas tomadas en los decretos declarados inexequibles.

La primera propuesta relacionada con este tema pide una adición presupuestal por 5,7 billones de pesos, para mantener el flujo de recursos de ayuda a los damnificados por el invierno (P. L. 200/11C). Además, cursa una iniciativa para autorizar la enajenación de acciones de Ecopetrol, medida tomada mediante el Decreto 4820 del 2010, declarado inexequible (P. L. 207/10S).

En el plan de desarrollo, se incluirían temas como el denominado empleo de emergencia, figura creada para facilitar la contratación de damnificados por la ola invernal (P. L. 179/11C-218/11S).

Código General del Proceso

El proyecto más destacado hasta el momento busca acabar con la “exagerada lentitud con que se tramitan los procesos judiciales en Colombia”, según el Gobierno. Para ello, propone aplicar a los procesos civiles, comerciales, agrarios y de familia medidas como la oralidad, el uso de tecnologías de la información y la unificación de procedimientos.

En la propuesta, se enfatiza la urgencia de adecuar las normas del derecho procesal a la Constitución de 1991, para que sean referentes de los procesos laborales, administrativos y de cualquier naturaleza.

Así, el proceso tendría una etapa inicial de demanda y contestación escrita. Posteriormente, las audiencias de conciliación, el control de legalidad, el decreto y práctica de pruebas, las alegaciones y la sentencia serán totalmente orales.

Además, se fijaría un término máximo de duración del proceso, que no superaría un año para la decisión de primera instancia y de seis meses, para la segunda.

Para agilizar los procesos ejecutivos, se pide eliminar la obligación de prestar caución para la práctica de medidas cautelares.

Se crearía la figura de casación funcional selectiva, que permitiría interponer demanda de casación contra cualquier sentencia de segunda instancia dictada por tribunales superiores, así no se cumplan requisitos de materia y cuantía para recurrir.

También, se establecería el proceso monitorio, para que quienes no tengan un título ejecutivo y pretendan el pago de una obligación en dinero accedan a la justicia, acreditando cualquier documento firmado por el deudor.

Otros aspectos relevantes de la propuesta son la prueba pericial de parte, la facultad para que los peritos sean interrogados en audiencia, la presunción de autenticidad de los documentos privados y la inspección judicial física solo cuando no sea posible realizarla por medios tecnológicos (P. L. 196/11C).

Revivirían la Ley de Inteligencia y Contrainteligencia

En noviembre del 2010, la Corte Constitucional declaró inexequible la Ley 1288 del 2009, que regulaba las actividades de inteligencia y contrainteligencia. Entre otras razones, el alto tribunal consideró que debió tramitarse como ley estatutaria.

El Ministerio de Defensa afirma que presentó el mismo proyecto aprobado hace dos años, pero con trámite estatutario, cuya discusión no se debe centrar en “una falsa oposición entre la consecución de la seguridad y la protección de derechos, sino más bien en la ponderación adecuada de los diferentes derechos”.

El almacenamiento y depuración de archivos es un aspecto destacado de la propuesta. Para ello, se crearía una comisión que revise la información de inteligencia almacenada, para evitar incluir a ciudadanos por su pertenencia a un sindicato, una organización de derechos humanos o un partido político.

Vale la pena destacar el incremento de penas por la violación de la reserva. Así, pagarían entre cinco y ocho años de prisión quienes divulguen documentos reservados, pena que aumentaría si esta filtración beneficia a miembros de grupos armados al margen de la ley, organizaciones de crimen organizado o gobiernos extranjeros.

Este mismo castigo se aplicaría a los servidores públicos que entreguen documentos o noticias que deban mantenerse en secreto o reserva (P. L. 195/11C).

Elección de jueces de paz, por concurso de méritos

El rediseño del sistema de jueces de paz es el objetivo de un proyecto para fortalecer los mecanismos de solución de conflictos que tienen cuantías inferiores a 100 salarios mínimos.

La idea es que los jueces sean elegidos por concurso de méritos, con lo que se eliminaría la elección popular vigente. Además, se adicionan condiciones para ser juez de paz, como la obligatoriedad de haber sido conciliador en equidad. Al Consejo Superior de la Judicatura se le otorgaría la responsabilidad de impulsar esta jurisdicción.

Se destaca la propuesta de eliminación de la segunda instancia en las sentencias proferidas en equidad.

Los jueces de paz no reciben remuneración, sin embargo, se plantea la posibilidad de que la perciban cuando las partes no logren un acuerdo conciliatorio y se deba dictar sentencia en equidad (P. L. 248/11S).

Piden modernizar el registro inmobiliario

La Superintendencia de Notariado y Registro deberá sistematizar todos los folios de matrícula inmobiliaria en un plazo de tres años. Este es el objetivo de un proyecto que pretende mayor control y protección de la información relacionada con la propiedad inmueble.

Además, los trámites utilizarían nuevas tecnologías. Por ejemplo, el pago de los impuestos y derechos de registro, la expedición de los certificados de libertad y tradición y demás servicios podrían adelantarse a través de medios electrónicos.

También, se fusionarían los círculos registrales en cinco regionales (Caribe, Pacífica, Orinoquía, Central y Andina).

Finalmente, se abriría la posibilidad para que las oficinas de registro público del país se provean mediante concurso abierto, como ocurre con las notarías (P. L. 241/11S).

Se tipificaría la piratería en internet

El Congreso castigaría penalmente la piratería en internet, si se aprueba una reforma al artículo del Código Penal relacionado con la violación a los derechos de autor. Así, tendría prisión de entre cuatro y ocho años quien comercialice en la web sin autorización del titular de los derechos obras de carácter literario, cinematográfico, musical y programas de computador, entre otros.

La iniciativa facultaría a los jueces para suspender páginas de internet o contenidos que infrinjan estos derechos y define un régimen de responsabilidad para los prestadores de servicios de conexión, con el fin de que controlen el uso de sus redes y no se ejerza la piratería desde ellas (P. L. 242/11S).

Se eliminarían topes de financiación privada de campañas políticas

El proyecto más reciente presentado por el Ministerio del Interior y de Justicia es una reforma política en materia de financiación de campañas.

En ella, se plantea que los candidatos recibirán, como mínimo, el 80% del porcentaje de reposición por votos obtenidos que se reconozca a los partidos o movimientos políticos.

Además, se eliminaría el límite de gastos de campaña con recursos de origen privado, que es del 10%, aunque esta financiación no podrá superar el valor total de la campaña política (P. L. 205/11C).

Otros proyectos

Dos propuestas relacionadas con atención de emergencias completan el paquete de proyectos presentados.

Una pide crear el Sistema Nacional de Voluntarios de Primera Respuesta y define estímulos en materia de educación, vivienda y seguridad social para voluntarios de la Defensa Civil, la Cruz Roja Colombiana y los cuerpos de bomberos (P. L. 204/11C).

La otra iniciativa propone una ley para los bomberos, que regule sus actividades y fortalezca la financiación, obligando a los municipios a definir un rubro para su cuerpo de bomberos local (P. L. 203/11C).

Vale la pena mencionar que siguen pendientes de radicación la reforma al régimen departamental, para fortalecer la atención de emergencias y armonizar los planes de ordenamiento territorial.

Por otra parte, la reforma al régimen municipal endurecería los requisitos para crear municipios, aumentando el número mínimo de habitantes requerido, de 14.000 a 18.000.

Así mismo, en la anunciada reforma al Código Penitenciario y Carcelario, se permitiría la vigilancia interna de los centros de reclusión por parte de particulares.

Finalmente, el Estatuto Arbitral Nacional e Internacional exigiría que los árbitros se desempeñen en una sola materia y ordenaría su elección mediante sorteo público.