Estos son los principales puntos del proyecto de equilibrio de poderes aprobado ayer

La Comisión Primera del Senado aprobó, en quinto debate, el proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes y ajuste institucional. Entre los cambios más importantes se destacan seis en el sistema político y 10 en la justicia.

En lo político, sobresale la eliminación de la reelección del Presidente de la República, del Defensor del Pueblo, del Procurador General de la Nación y de los magistrados de las altas cortes; la eliminación del voto preferente, y la obligatoriedad de listas cerradas.

Además, se aprobó la asignación de curules en Senado, Cámara, asambleas y concejos para los candidatos que obtengan la segunda mayor votación en las elecciones a Presidencia, Vicepresidencia, gobernaciones y alcaldías, respectivamente.

Igualmente, se amplía la aplicación de la sanción de la “silla vacía” para los miembros de corporaciones públicas condenados por delitos contra la administración pública; por pertenencia, promoción o financiación de grupos armados, y por delitos de lesa humanidad. 

En materia judicial, se aprobó la supresión del denominado “yo me elijo, tú me elijes” entre magistrados de altas cortes y órganos de control, para que estos servidores no contraten, postulen o nombren a familiares o personas que hayan intervenido en su postulación. Además, se inhabilitaría por cinco años a los magistrados que salen de una corte para litigar ante la misma corporación.

Otra propuesta aprobada fue la eliminación de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes y la creación de una Comisión de Aforados. Además de investigar a los magistrados de la Corte Suprema, la Corte Constitucional, el Consejo de Estado y Fiscal General de la Nación, por solicitud de legislativo también cobijará al Procurador, el Defensor y el Contralor. El control  de garantías de los aforados sería ejercido por el Tribunal  Superior de Bogotá.

Dicha comisión estaría integrada por cinco magistrados. Sus primeros miembros serían escogidos por el Presidente de la República, para un periodo de dos años, y serían ratificados por el Congreso. La función de vigilancia a estos magistrados también sería ejercida por el Tribunal Superior de Bogotá.

El proyecto elimina el Consejo Superior de la Judicatura, que sería remplazado por un nuevo sistema de gobierno y administración de la Rama Judicial. Así, se suprimiría la Sala Disciplinaria y se crearía la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, integrada por siete magistrados elegidos por el Legislativo. 

De otro lado, la comisión aprobó un artículo que le otorga fuero al Procurador General de la Nación. Finalmente, las cortes no postularían nombres para Procurador General de la Nación, a partir del 7 de agosto del 2018.

La propuesta pasa a estudio de la plenaria del Senado, en el sexto de ocho debates.