Estos son los principales puntos de la reforma a la justicia, aprobada en quinto debate

El proyecto de acto legislativo de reforma a la justicia recibió ayer su quinto debate en la Comisión Primera del Senado. La célula legislativa aprobó la eliminación de la Sala Administrativa del Consejo Superior de la Judicatura y la creación de una Sala de Gobierno que se encargue de la administración de la Rama Judicial.

No obstante, según el ministro de Justicia, Juan Carlos Esguerra, es necesario acabar esa alta corte: 'Es inconveniente la supervivencia del Consejo Superior de la Judicatura. Para el Gobierno ni la Sala Administrativa ni la Jurisdiccional Disciplinaria están funcionando de manera correcta”, afirmó. 

La iniciativa reforma la competencia para investigar y juzgar a funcionarios con fuero constitucional y suprime la facultad de la Procuraduría General de la Nación para investigar disciplinariamente a los congresistas. Además, se aclara que la Contraloría General de la República tiene el control fiscal exclusivo sobre los altos funcionarios.

La comisión eliminó el artículo que se refería al fuero militar, tema que será debatido en el proyecto de reforma integral a la justicia castrense.

De otro lado, se aprobó el otorgamiento de funciones jurisdiccionales a particulares, notarios y funcionarios de la justicia y la facultad de la Policía para retener hasta por 72 horas a personas que, a su juicio, puedan hacerse daño o perjudicar a otros ciudadanos.

Ese mismo término se aplicaría para legalizar capturas, allanamientos e interceptaciones de comunicaciones.

De otro lado, el presupuesto de la Rama Judicial se aumentaría en un porcentaje igual al de la tasa de inflación esperada, más un incremento adicional del 2 %.

Procuraduría no investigaría a parlamentarios

De acuerdo con el texto aprobado anoche, los congresistas quedarían excluidos del control disciplinario de la Procuraduría General de la Nación. Una propuesta que el propio procurador Alejandro Ordóñez había lanzado justo después de su elección, pero que, hasta ayer, no se había discutido en el Legislativo.

En conversación con ambitojuridico.com, la abogada especialista en derecho administrativo Mariela Vega se mostró de acuerdo con la iniciativa y afirmó que es positivo que se le quiten dichas facultades al Ministerio Público, para que la ejerza un organismo independiente.

“Al ser nombrado el procurador por el Congreso, existe allí una relación directa con el Senado, lo que genera un trato de deudas y favores. El Procurador queda con una conexión o vínculo con quienes lo eligieron, y ahí la transparencia empieza a afectarse. Así que es mejor que se le quite esa facultad”, afirmó.

Juzgamiento de aforados

En la Corte Suprema de Justicia existiría una Sala de Investigación y Calificación y una Sala de Juzgamiento encargadas de procesar a los funcionarios aforados. Los integrantes de estas salas no pertenecerían a la Sala de Casación Penal, que actuaría como segunda instancia.

Sobre este tema, el constitucionalista Diego López Medina afirmó ayer, en el marco del foro sobre reforma a la justicia que organizaron ÁMBITO JURÍDICO y la Universidad de Los Andes, que los congresistas desconfían de la Corte Suprema de Justicia por las decisiones tomadas  en contra de algunos de sus miembros, incluidos expresidentes del Legislativo.

Al referirse a la iniciativa,  López advirtió que el Congreso busca una “recusación institucional” a la Sala Penal. Además, cuestionó que exista una segunda instancia de juzgamiento para congresistas, pues quienes los juzgan son los miembros más destacados y con más experiencia en el poder judicial.

En el caso del Presidente de la República, la investigación continuará a cargo de la Comisión de Investigación y Acusación de la Cámara de Representantes. El  Senado conocería  las acusaciones que formule la Cámara contra el mandatario, el Vicepresidente de la República y los magistrados de la Corte Constitucional.

“Congresistas deben ser juzgados por el sistema penal acusatorio”: Fiscal. 

Durante el debate, el fiscal general de la Nación, Eduardo Montealegre, propuso juzgar a los congresistas bajo el sistema penal acusatorio, con el fin de que sus procesos sean transparentes y similares a los de los demás ciudadanos.

Montealegre explicó que la investigación en primera y segunda instancia debe recaer en una sala especial de la Corte Suprema Justicia. Así mismo, expuso la necesidad de que haya un Tribunal de Garantías integrado por magistrados, de ternas enviadas por las cortes.

Consejo de Estado no volverá a los debates

El máximo tribunal de los contencioso administrativo se mantendrá al margen  de la reforma y no volverá a las sesiones parlamentarias donde se discute la iniciativa.

Sin embargo, en conversación con Caracol radio, el presidente del alto tribunal, Gustavo Gómez Aranguren, sostuvo que se planteará un diálogo de poderes para llegar a un consenso. “Se llegó a un punto en que el debate está demasiado pervertido, la presencia del Consejo de Estado no reviste de ninguna autoridad”, afirmó el magistrado.

 
Por su parte, el Gobierno aseguró que, a pesar del retiro del Consejo, se planteará un dialogo de poderes durante las discusiones de la iniciativa.