Esta es la reforma penitenciaria aprobada por el Senado

El Senado publicó el texto definitivo del proyecto de reforma penitenciaria y carcelaria, que modificaría las leyes 55 de 1985, 65 del 1993 y 599 del 2000.

En la propuesta, de 110 artículos, se establece que la detención en unidades de reacción inmediata no podrá superar las 36 horas. Además, deberá garantizarse la separación entre hombres y mujeres y entre menores de edad y adultos.

Para acceder a la prisión domiciliaria, la condena no podrá superar los ocho años, deberá demostrarse arraigo familiar y el beneficiado será responsable de sus traslados y del costo del brazalete electrónico.

La libertad condicional se concederá a quienes hayan cumplido las tres quintas partes de la pena, junto con otras condiciones. El control sobre esta medida sustitutiva será ejercido por el juez de ejecución de penas y medidas de seguridad, con el apoyo del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec).

Esta institución, además, deberá realizar visitas periódicas a la residencia del condenado y le informará al despacho judicial respectivo sobre el cumplimiento de la pena.

Otros aspectos del articulado indican que los condenados vestirán uniformes, habrá estímulos tributarios para quienes se vinculen a programas de trabajo y educación para reclusos y se permitirán prácticas de consultorio jurídico y judicatura a los estudiantes de Derecho.

El condenado que acredite haber actuado como instructor de otros en cursos de alfabetización o de enseñanza primaria, secundaria, artesanal, técnica y de educación superior tendrá derecho a que cada cuatro horas de enseñanza se le computen como un día de estudio, siempre y cuando haya acreditado las calidades necesarias de instructor o educador.

Los procesados también podrán realizar actividades de redención, pero solo se computarán una vez quede en firme la condena, salvo que se trate de resolver sobre su libertad provisional por pena cumplida.

El Consejo Superior de la Judicatura deberá garantizar la presencia permanente de al menos un juez de ejecución de penas en aquellos establecimientos que así lo requieran, de acuerdo con la solicitud que haga el Director General del Inpec.

Cabe recordar que la iniciativa consta de cuatro ejes principales: la reorganización del sistema penitenciario y carcelario, una nueva regulación en materia de libertad condicional, apoyo a la actividad judicial y fortalecimiento del sistema de seguridad penitenciario.

(Senado de la República, Texto definitivo P. L. 256/13C-023/13S, dic. 10/13)

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