Esta es la reforma a la justicia que planteará el Gobierno

El anteproyecto de reforma a la justicia que el Gobierno está socializando con las altas cortes tiene 28 artículos y toca aspectos como la reglamentación de la tutela contra sentencias, la eliminación del Consejo Superior de la Judicatura, la doble instancia para el juzgamiento de congresistas y la creación del Colegio Nacional de Abogados.

Precisamente, esta semana se adelantarán reuniones de alto nivel para que los actores de la Rama Judicial conozcan las propuestas. ÁMBITO JURÍDICO presenta los puntos más destacados del proyecto de reforma constitucional que se presentaría al Congreso, el próximo 20 de julio.

Tutela contra sentencias requeriría abogado

El tema central de la reforma es la tutela contra sentencias. Según el Ejecutivo, debe adicionarse el artículo 86 de la Constitución para obligar a quienes presenten esta acción contra sentencias judiciales a adelantar el trámite mediante abogado y ante el superior jerárquico.

Las tutelas contra sentencias y otras providencias de la Corte Suprema del Consejo de Estado se interpondrían ante las respectivas salas plenas. Estas se tramitarán en única instancia y deberán decidirse en un plazo no superior a 30 días. La decisión podrá ser revisada por la Sala Plena de la Corte Constitucional, para unificar interpretaciones en materia de derechos fundamentales.

Finalmente, se podrían tutelar los laudos arbitrales ante la sala o sección especializada de la Corte Suprema de Justicia o del Consejo de Estado.

Supresión del Consejo Superior de la Judicatura

El presidente Juan Manuel Santos pedirá eliminar el Consejo Superior de la Judicatura y crear el Consejo Superior Judicial, que se encargará de la administración de la Rama Judicial. Dicha instancia quedaría integrada por una Sala de Gobierno y la Gerencia de la Rama Judicial. La composición de la Sala de Gobierno incluye a los presidentes de las altas cortes y un delegado de cada una de ellas.

A su vez, se crearía la Gerencia de la Rama Judicial, que se encargaría de ejecutar los planes sectoriales y el presupuesto, además de administrar el recurso humano, entre otras funciones.

El gerente de la rama deberá tener maestría en ciencias administrativas, económicas o financieras. Además, se le exigirán, mínimo, 15 años de experiencia. No será necesario tener el título de abogado.

Ahora bien, la función disciplinaria y de registro de los abogados se trasladaría al Colegio Nacional de Abogados, órgano que se crearía en este acto legislativo. También tendría la potestad de disciplinar a los empleados de la Rama Judicial, sin afectar el poder preferente de la Procuraduría General de la Nación.

De aprobarse esta propuesta, y mientras se organiza el colegio de abogados, la función disciplinaria corresponderá a la Procuraduría General de la Nación.

Medidas contra la congestión judicial

Para avanzar en el proceso de descongestión judicial, el Gobierno plantea atribuir funciones jurisdiccionales a abogados en ejercicio. Así, a estos profesionales se les asignarían dichas labores por un periodo de tres años.

Igualmente, los empleados judiciales y notarios tendrían las mismas funciones, con excepción del juzgamiento de delitos. Lo mismo ocurriría con los centros de arbitraje y conciliación.

Doble instancia para congresistas

Un artículo especial para los congresistas y personas con fuero constitucional se presenta en la propuesta, para que los delitos cometidos por ellos sean conocidos por la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia, en doble instancia.

Las funciones de investigación y juzgamiento deberán separarse en la Sala Penal, que se dividiría en tres secciones: una para investigar, otra para juzgar en primera instancia y la última se encargaría de la segunda instancia.

Jurisprudencia y doctrina, con fuerza vinculante

Con el objetivo de garantizar la “seguridad jurídica y la responsabilidad fiscal”, el Ejecutivo pedirá definir mediante ley los casos en que la jurisprudencia y la doctrina tendrán fuerza vinculante para todas las autoridades judiciales y administrativas. Los cambios jurisprudenciales solo tendrían efectos hacia el futuro.

Cambios en la elección de magistrados

La elección de los magistrados de la Corte Suprema de Justicia y del Consejo de Estado se hará mediante una lista de elegibles, conformada mediante concurso público de méritos. La Sala de Gobierno del Consejo Superior Judicial elaborará la lista.

Además, a estos magistrados, así como a los de la Corte Constitucional, se les ampliará el periodo a 12 años, incluidos los que estén en ejercicio, siempre que no hayan llegado a la edad de 70 años.

Otras propuestas piden que los fallos de la Corte Constitucional que hagan tránsito a cosa juzgada no tengan efectos retroactivos. También, se facultaría al alto tribunal para suspender temporalmente normas demandadas, antes del fallo definitivo, y para revisar proyectos de ley de tipo penal, tributario o financiero antes de la sanción presidencial.

Finalmente, el Ejecutivo pide que en casos de delitos menores, la acción penal pueda ser ejercida por la víctima o autoridades con funciones de policía judicial.