Esta es la reforma a la educación superior presentada por el Gobierno

Tras meses de discusiones en diversas instancias, el Gobierno presentó ayer el proyecto de ley de reforma a la educación superior, que busca generar condiciones para mejorar la oferta educativa, garantizar la calidad y la continuidad del servicio, fomentar el acceso y la graduación de los estudiantes y asegurar la autonomía de las instituciones de educación superior (IES), entre otros objetivos.

La iniciativa excluye el componente de ánimo de lucro, que generó gran controversia por sus alcances. Esa propuesta pretendía autorizar a las IES privadas para organizarse como corporaciones, fundaciones o sociedades por acciones. En este último caso, podrían recibir nuevos inversionistas, repartir dividendos y vender acciones.

El proyecto radicado consta de 165 artículos y se divide en ocho títulos: reorganización del sistema de educación superior; prestación del servicio; formación y comunidad académica; investigación e innovación; sistema de calidad; articulación del sistema de educación superior con su entorno; financiación del sistema y otras disposiciones.

Este último se refiere, fundamentalmente, a incentivos tributarios. Según la propuesta, las personas naturales y jurídicas que financien los estudios de sus trabajadores en IES podrán deducir dicho monto de sus costos de operación.

Así mismo, contempla que las IES, los establecimientos educativos de básica secundaria y media y las instituciones de formación para el trabajo no son responsables del IVA. Por su parte, las IES estatales tendrán derecho a la devolución del IVA que paguen por los bienes, insumos y servicios que adquieran y del impuesto predial.

Financiación estatal

En materia de financiación, los ingresos y el patrimonio de las IES estatales estarían constituidos por los siguientes rubros:

a. Las partidas asignadas dentro del presupuesto nacional, departamental, distrital o municipal.

b. Los bienes muebles e inmuebles que actualmente posean y los que adquieran posteriormente a cualquier título, al igual que sus rendimientos.

c. Los recursos del Sistema General de Regalías destinados a inversiones físicas.

d. Los recursos que reciban por concepto de matrículas, inscripciones y demás derechos pecuniarios, por la venta de bienes y servicios y por donaciones.

El proyecto prevé un aumento de los recursos de la Nación a las universidades estatales, en un porcentaje que dependerá del crecimiento real del producto interno bruto (PIB). Por ejemplo, si el crecimiento es de hasta un 5%, el incremento será del 30% de dicho crecimiento.

También contempla una asignación adicional de recursos con respecto a los aportes de la Nación asignados a las IES estatales en el año inmediatamente anterior.

Incremento de las matrículas

La reforma a la educación superior prevé los siguientes derechos pecuniarios que podrán cobrar las IES:

a. Matrícula ordinaria y extraordinaria.

b. Actividades de educación informal.

c. Inscripción.

d. Realización de exámenes de habilitación y supletorios.

e. Derechos de grado.

f. Expedición de certificados y constancias.

El incremento de los derechos no podrá superar la inflación del año inmediatamente anterior. Los valores y los costos de formación de los estudiantes deberán informarse al Ministerio de Educación Nacional, de acuerdo con los plazos y procedimientos que este determine.

Las instituciones podrán incrementar los valores de matrícula por encima de la inflación, siempre y cuando le presenten al Gobierno un informe financiero que justifique tal determinación, con base en la proyección de inversiones para el mejoramiento de la calidad del servicio. “El incumplimiento de lo dispuesto en el presente artículo dará lugar a las acciones administrativas y a la imposición de las sanciones previstas en esta ley”, advierte el proyecto.

Además de los derechos señalados, las IES estatales podrán exigir los denominados derechos complementarios, que no podrán exceder el 20% del valor de la matrícula.

Finalmente, el Gobierno propone crear el Fondo para la Permanencia Estudiantil en la Educación Superior, que administraría el Icetex, cuyos recursos se asignarán mediante créditos o subsidios para los estudiantes de las IES estatales y privadas, con el fin de cubrir parcialmente sus gastos de manutención.

(Mineducación, proyecto de ley, oct. 3/11)