Equilibrio de poderes, tema clave para el nuevo Congreso

El pasado 20 de julio, el presidente Juan Manuel Santos planteó sus ideas generales sobre el proyecto con el cual espera “restablecer en nuestra democracia el principio de pesos y contrapesos”.

En su discurso ante el Congreso, esbozó propuestas como la eliminación de la reelección presidencial y la extensión del periodo del mandatario, así como el de los alcaldes y gobernadores. Además, propuso que los partidos presenten listas cerradas a las elecciones de corporaciones, lo que suprimiría el voto preferente, y planteó una revisión de la circunscripción nacional al Senado.

Lo que en un principio parecía planteamientos para una reforma política también tiene elementos de reforma a la justicia, pues el jefe de Estado mencionó que eliminará las atribuciones de nominación de las altas cortes.

El Ejecutivo no ha llevado aún su iniciativa al Congreso, mientras tanto, los legisladores se han adelantado, radicando varias propuestas, algunas con objetivos similares y otras que se oponen a los deseos de Santos. Estos son los proyectos.

Voto obligatorio

En la Cámara de Representantes se presentaron dos iniciativas de reforma a la Constitución Política con el objetivo de implantar el voto obligatorio. La primera (P. A. L. 005/14C) pide modificar el artículo 123, estableciendo una nueva condición para adquirir la calidad de servidor público: haber votado en las elecciones anteriores a la vinculación.

Otra propuesta (P. A. L. 008/14C) ordenaría que el ciudadano que no vote preste servicio comunitario; además, no podría tramitar documentos estatales por el siguiente año.

El Proyecto de Ley 022/14S es más directo, y lista los servicios del Estado en los que se exigiría certificado de votación para obtener beneficios, como la adjudicación de becas educativas y de predios y el acceso a contratos con el Estado o a amnistías, exenciones o rebajas tributarias, entre otros.

Eliminación de la reelección

Una amplia reforma política y a la justicia fue presentada en el Senado (P. A. L. 005/14S). Entre sus artículos está el deber de votar, so pena de sanciones administrativas. Pero esta propuesta pide cambios a otros 27 artículos.

Por ejemplo, se plantea eliminar la reelección, algo que también está en el P. A. L. 002/14S y el 006/14S. En su lugar, se ampliaría el periodo del Presidente de la República a seis años. Además, se le prohibiría al mandatario aspirar a la Vicepresidencia, y quien ejerza este último cargo no podría postularse para Jefe de Estado.

De otro lado, se equipararía el periodo de los congresistas con el presidencial, y se crearía la circunscripción territorial en el Senado.

Los servidores públicos que tengan atribuciones de designación no podrían utilizarlas con personas vinculadas por lazos de parentesco con servidores que intervengan en su postulación.

Reforma a la justicia

Esta propuesta también toca temas del Poder Judicial, pues se autorizaría a los empleados de la rama, de los órganos electorales y a funcionarios de control y seguridad para participar en actividades de partidos y controversias políticas.

En el caso de los magistrados de las altas cortes, se les prohibiría aspirar a otra alta corporación, se ampliaría su periodo a 12 años y no podrían postularse a cargos de elección popular dentro de los seis años siguientes a la dejación del cargo. Además, su experiencia mínima previa tendría que ser de 20 años. Finalmente, la edad de retiro forzoso se establecería en 75 años.

Por otra parte, se crearía el Consejo Superior Judicial, para administrar la Rama Judicial a través de un gerente.

Otras medidas que se plantean se refieren al Fiscal General de la Nación, al que se le ampliaría el periodo a seis años, lo mismo que al Procurador, a quien se le prohibiría reelegirse y se le limitaría para aspirar a cargos de elección popular dentro los tres años siguientes a la finalización del ejercicio.

Cabe destacar que también se pide suprimir la función al Ministerio Público de intervenir en procesos y ante las autoridades judiciales o administrativas.

Otros cambios se relacionan con altos cargos como el Defensor del Pueblo, el Registrador Nacional y los magistrados del Consejo Nacional Electoral; pero también con autoridades locales, como los gobernadores, las asambleas departamentales, los alcaldes y los concejos, a los que también se les ampliaría el periodo a seis años.

Las propuestas no terminan en estos temas, pues en el Senado y la Cámara se radicaron sendos proyectos de reforma constitucional (P. A. L. 006/14C y 011/14S), para ampliar la aplicación de la denominada “silla vacía” a delitos contra la administración pública y la participación democrática.

Finalmente, el Proyecto de Acto Legislativo 004/14C impondría una inhabilidad a los magistrados de las altas cortes, al Contralor General de la República, al Fiscal y al Procurador General de la Nación, para aspirar a esos cargos luego de cinco años de vencido el periodo ejercido.