El proyecto de reforma constitucional a la justicia radicado en días pasados por el Gobierno ha despertado la reacción de altos funcionarios del Estado.

En un reciente debate cumplido en la Comisión Primera del Senado, el presidente de la Corte Suprema de Justicia, Camilo Tarquino, afirmó que el Consejo Superior de la Judicatura no debe ser eliminado, sino reformado, pues representa la autonomía e independencia de la Rama Judicial.

Tarquino expresó que los miembros de la Sala Administrativa deben ser abogados y mantener su condición de magistrados. Además, indicó que la Sala Disciplinaria debe conservarse, pero cambiando la designación de sus integrantes, que actualmente son elegidos por el Congreso.

Por su parte, el procurador general de la Nación, Alejandro Ordóñez, señaló que para afrontar la congestión judicial no se necesita una reforma constitucional, sino leyes que la enfrenten.

Según el Procurador, la tutela contra sentencias requiere una reglamentación especial que establezca la forma en que opera y quién tiene la competencia para conocerla, pues el principal problema es determinar cuál es el órgano de cierre, cuando se trata de tutelas contra las altas cortes.

El Jefe del Ministerio Público criticó la propuesta que pretende que el Procurador sea elegido por el Senado, de una terna enviada por el Presidente, y que el Contralor sea nominado por el Congreso, de un grupo candidatos inscritos en el Legislativo.

En cambio, defendió la forma de designación prevista en la Constitución, que dispone que el Contralor sea escogido por el Congreso, de una terna presentada por las altas cortes, y el Procurador, seleccionado por el Senado, de terna integrada por candidatos del Presidente, la Corte Suprema y el Consejo de Estado.

Finalmente, la Procuraduría apoyó la creación de un Consejo Superior Disciplinario que investigue y juzgue a los altos funcionarios estatales.