Consejo Superior pide facultades para combatir la corrupción en la Rama Judicial

La Sala Jurisdiccional Disciplinaria del Consejo Superior de la Judicatura le solicitó a la Cámara de Representantes incluir en el proyecto anticorrupción que se tramita en esa célula legislativa nuevas competencias para luchar contra este fenómeno en la Rama Judicial.

El presidente del Consejo, Angelino Lizcano Rivera, expuso ante la Comisión Primera de la Cámara una serie de medidas disciplinarias que calificó como fundamentales para darles más transparencia a las funciones que cumple la Rama.

La  propuesta prevé que la Sala Jurisdiccional de Disciplinaria examine la conducta y sancione las faltas de los empleados del sector, excepto los de las altas cortes, y de los auxiliares de la justicia.

Además, se le otorgaría un poder preferente para cambiar la radicación de expedientes en cualquier etapa, siempre y cuando se respete el derecho al debido proceso. Con ese fin, se modificaría el reglamento interno del Consejo y se crearían las salas de decisión correspondientes.

La Sala también podría diseñar políticas de prevención, ejercer vigilancia preventiva e iniciar o promover acciones judiciales y disciplinarias, cuando evidencie actos de corrupción en los que participen funcionarios judiciales, auxiliares de la justicia o abogados.

Finalmente, se pide que en las indagaciones e investigaciones adelantadas por la policía judicial, el fiscal verifique si hay presuntas responsabilidades de sujetos disciplinables, caso en el cual deberá compulsar copias dentro de las 36 horas siguientes, mediante un informe dirigido al Presidente de la Sala, quien le asignará el caso al funcionario competente.

El ministro del Interior y de Justicia, Germán Vargas Lleras, manifestó su apoyo a la propuesta del Consejo, pues, a su juicio, busca fortalecer la administración de justicia y combatir los brotes de corrupción entre los funcionarios.

En su sesión de ayer, la Comisión Primera de la Cámara aprobó siete artículos más del proyecto anticorrupción, entre ellos tres que le otorgan facultades al Consejo.

De otro lado, eliminó el artículo que buscaba aumentar a ocho años el término de prescripción de la sanción disciplinaria, el que regulaba la prescripción de la acción y el que pedía que las sanciones impuestas por los tribunales de ética fueran reportadas a la Procuraduría General de la Nación.

Hasta ayer, 111 artículos habían sido aprobados; 10, eliminados, y 32 estaban pendientes de discusión.