Congresito y refrendación, Gobierno busca opciones para formalizar la paz

 

La creación de una instancia para implementar los posibles acuerdos de La Habana entre el Gobierno y las Farc fue anunciada por el presidente Juan Manuel Santos la semana pasada.

 

El mandatario se refirió en ese momento a la posibilidad de poner en marcha lo que denominó como  “congresito”. Se refería a una comisión legislativa especial para la paz, que se encargaría de concretar normativamente los acuerdos para el posconflicto.

 

Inmediatamente después de conocerse la propuesta, varios sectores del Legislativo expresaron su desacuerdo. Lo anterior tras advertir que una iniciativa de este tipo sería constitucionalmente inviable, carecería de  legitimidad e invadiría la competencia deliberativa  que le otorgó la Carta Política al Congreso.

 

Luis Fernando Velasco, en reacción a lo dicho por Santos, advirtió que el Legislativo no será un obstáculo para los acuerdos de paz, pero  que le parece “estrambótico que el Congreso cree un cuerpo para hacer lo que él tiene que hacer”.

 

A su turno, el jefe del Partido Liberal, senador Horacio Serpa, aseguró que en primer lugar no se tienen que “quitar facultades al actual Congreso, que además quiere trabajar por la paz”.

 

Serpa también declaró que si la idea es buscar un mecanismo alterno, se debe pensar en concretar una asamblea nacional constituyente, tal y como ya lo planteó un sector de liberalismo, parte del poder judicial y la misma guerrilla de las Farc.

 

Hasta el momento, no hay claridad sobre cómo funcionaría esta instancia, se desconoce cómo se integraría, cuál sería el número de miembros, hasta dónde llegarían sus competencias y qué pasaría  con el Congreso actual, pero vale recordar el antecedente más inmediato.

 

El congresito de 1991

 

El llamado congresito tuvo 36 miembros, operó entre el 15 de julio y el 18 de noviembre de 1991, y se encargó de llenar el vacío legislativo generado por la nueva Constitución. Sin embargo, sus funciones no eran precisamente legislativas, pues revisaba los proyectos de decreto del Gobierno que se expedirían basados en las facultades extraordinarias concedidas al Presidente de la República, también preparó algunos proyectos que se consideraban necesarios para desarrollar la Carta.

 

De tal instancia surgió la reforma al Código de Procedimiento Penal y la política de sometimiento a la justicia que se aplicó entonces.

Sin embargo, lo que se plantea ahora funcionaría de forma diferente y no sería algo ajeno al Congreso y sus integrantes, pues el objetivo es agilizar el trámite legislativo para implementar los acuerdos de La Habana.

 

Precisamente, el ministro del Interior, Juan Fernando Cristo, fue enfático en afirmar que esta comisión no limitaría  las funciones del Congreso, ni las sustituirá, ni mucho menos lo revocaría.

 

Aseguró que esta propuesta  de crear una comisión legislativa especial requeriría la aprobación del Congreso luego de un acuerdo con los partidos políticos. "La iniciativa  debe  hacer el trámite normal de cualquier acto legislativo y se dedicaría exclusivamente  al estudio e implementación de los acuerdos para avanzar en la construcción de la paz en las regiones" puntualizó.

 

Es decir, se presentaría un proyecto de reforma a la Constitución que permita la creación de una comisión legislativa especial dedicada exclusivamente al tema de la paz, que apruebe rápidamente las disposiciones necesarias para implementar lo acordado en Cuba.

 

La refrendación

 

Entendiendo que la comisión constitucional especial se dedicaría a la implementación de los acuerdos, este es el paso previo a la refrendación, con la cual se consultará a la ciudadanía si está de acuerdo con las normas productos de lo pactado.  

 

La Farc han sido enfáticas en la necesidad de convocar una asamblea nacional constituyente, pues consideran que este mecanismo sería el único viable que permita validar los acuerdos.

 

"Nosotros hemos visto y también lo hemos remarcado que para ponerle fin al conflicto colombiano, evitar su repetición, lo mejor, lo sabio es la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente que pueda discutir y sacar una nueva Constitución que funcionaría como un tratado de paz estable y duradero", agregó uno de los negociadores de la guerrilla en la mesa de conversaciones de La Habana, Rodrigo Granda.

 

Por su parte, el jefe de la Delegación del Gobierno, Humberto de la Calle, hizo una clara diferencia entre lo que es la refrendación y la implementación de los acuerdos, dos temas que hacen parte del sexto punto de la agenda que se discute con las FARC en la mesa de conversaciones.

 

En cuanto a la refrendación, precisó que la Constitución contempla varios procedimientos como el plebiscito, la consulta popular o el referendo. “Las FARC han agregado a ese elenco una asamblea constituyente. Además, no puede descartarse que los colombianos pongamos en práctica mecanismos nuevos”, dijo.

 

Es importante anotar que en este abanico de posibilidades normativas ya existe el Marco Jurídico Para la Paz, aunque las Farc se han mostrado en desacuerdo con esta fórmula jurídica. Así mismo, se encuentra vigente la ley que permitiría realizar el referendo el mismo día del calendario de elecciones.

 

En síntesis, el Ejecutivo deberá adelantar esfuerzos para convencer a la opinión pública y al Legislativo sobre la viabilidad de los mecanismos que considere más aptos tanto para la implementación como para la refrendación de los acuerdos y dependerá mucho de la voluntad política del Legislativo. 

 

Crítica del Procurador

El Jefe del Ministerio Público aseguró que la propuesta del denominado ‘congresito’ prueba que el Ejecutivo accedió a otra de las exigencias de las Farc dentro de las negociaciones de paz, con lo cual pretende desconocer el Marco Jurídico para la Paz y las sentencias de la Corte Constitucional sobre este, en lo relativo a las penas efectivas de cárcel y la imposibilidad de participación en política de los máximos responsables de delitos de lesa humanidad, crímenes de guerra, genocidios y otros punibles atroces. 

 

Con un ‘congresito’ se evade el control previo de las leyes estatutarias por la Corte Constitucional, se sustituye la constitución y, además, implicaría “un rompimiento del orden constitucional”, afirmó el procurador Ordóñez, en un congreso de justicia transicional realizado en Armenia.

 

El mecanismo de refrendación e implementación debería ser objeto de una mesa de trabajo por la paz entre el Gobierno y la oposición en el Congreso. De esa manera, insistió en la necesidad de incluir a todos los colombianos, especialmente a los que difieren y advierten sobre los riesgos de una paz que se base en la impunidad.

 

Sumado a ello, Ordóñez resaltó la necesidad de respetar los estándares jurisprudenciales nacionales e internacionales que exigen imponer pena privativa de la libertad efectiva a los máximos responsables de tales delitos, pues es inadmisible la “impunidad absoluta que algunos funcionarios pretenden”. Por eso, anunció que entregará a la mesa de negociaciones de La Habana un documento en el que se expondrán los mínimos penales a los que deben ser sometidos los victimarios.