Conciliada reforma a la Ley de Justicia y Paz

La iniciativa de la Fiscalía General de la Nación, respaldada por el Gobierno, que reforma la Ley de Justicia y Paz (Ley 975 del 2005) fue conciliada, luego de que las plenarias del Senado y la Cámara de Representantes aprobaran textos divergentes.

Los congresistas comisionados para revisar el articulado acogieron integralmente el texto aprobado por el Senado, que busca agilizar el trámite de los procesos, a través de la reducción de audiencias y la priorización de casos.

Así, a la Ley 975 se le adicionaría un artículo que introduce el principio de enfoque diferencial, para aplicarlo en las investigaciones y procesos judiciales que se adelanten, el cual reconoce que hay poblaciones con características particulares en razón de su edad, género, raza, etnia, orientación sexual y situación de discapacidad.

En materia de celeridad, se determinó que los asuntos que se debatan en audiencia serán resueltos en esta, y las decisiones se entenderán notificadas en estrados.

También, se incluye una audiencia ante el juez de control de garantías para evaluar, en casos particulares y de manera individualizada, cuándo procedería la sustitución de la medida de aseguramiento.

Esta reforma facultaría al Fiscal General de la Nación para definir criterios de priorización para el ejercicio de la acción penal, que tendrán como objetivo develar los contextos, las causas y los motivos de los hechos, concentrándose en los máximos responsables.

Además, establece que el postulado que se haya desmovilizado estando en libertad podrá solicitar ante el magistrado con funciones de control de garantías una audiencia de sustitución de la medida de aseguramiento de detención preventiva en establecimiento carcelario por una medida de aseguramiento no privativa de la libertad

Según los congresistas, el sistema de reparación judicial que venía funcionando a través del incidente de reparación integral se homologa con el sistema de reparación administrativa que consagró la Ley de Víctimas (Ley 1448 del 2011).

Los desmovilizados podrían acceder a los beneficios de la futura ley hasta el próximo 31 de diciembre.

(Congreso de la República, informe de conciliación 096/11C-193/11S)