¿Comisión de aforados o Fiscalía Judicial?: el Consejo de Estado amplía el debate

Debido a la resistencia que ha generado en la Rama Judicial el proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes, en el que se plantea la creación de una comisión de aforados que lleve al Congreso los juicios por indignidad política o disciplinaria de altos funcionarios, el magistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren planteó la posibilidad de crear una Fiscalía Judicial encargada de ejercer esas funciones.

La propuesta que se discute en el Legislativo contempla la creación de un organismo autónomo e independiente, que tenga la función integral de investigación y juzgamiento, y que estaría integrado por exmagistrados, académicos y profesionales.

La Fiscalía Judicial, en cambio, no juzgaría, sino que acusaría  ante el Congreso por las faltas que tengan que ver con el comportamiento judicial, o ante la Corte Suprema de Justicia, por asuntos penales. Gómez explicó que de la estructura de esta fiscalía harían parte los magistrados de los consejos seccionales de la Judicatura, con el fin de que las investigaciones abarquen no solo a los magistrados de las altas cortes, sino a toda la Rama Judicial.

Según el magistrado, la forma en la que se consagró la  propuesta de la comisión de aforados será “inútil”, pues, a pesar de ser un cuerpo colegiado, solo se encargaría de investigar a un grupo reducido de personas. “Son muy pocas personas, 74  en total, entre magistrados de las altas cortes y otros funcionarios con fuero que investigaría la comisión. Crear este organismo judicial constitucional para que conozca solo la conducta de estas personas es absurdo”, señaló.

En su opinión, la acusación no puede ser colegiada, sino que debe estar a cargo de un organismo investigador, que tenga una organización, recalcó.

Debido a la resistencia que ha generado en la Rama Judicial el proyecto de reforma constitucional de equilibrio de poderes, en el que se plantea la creación de una comisión de aforados que lleve al Congreso los juicios por indignidad política o disciplinaria de altos funcionarios, el magistrado del Consejo de Estado Gustavo Gómez Aranguren planteó la posibilidad de crear una Fiscalía Judicial encargada de ejercer esas funciones.

La propuesta que se discute en el Legislativo contempla la creación de un organismo autónomo e independiente, que tenga la función integral de investigación y juzgamiento, y que estaría integrado por exmagistrados, académicos y profesionales.

La Fiscalía Judicial, en cambio, no juzgaría, sino que acusaría  ante el Congreso por las faltas que tengan que ver con el comportamiento judicial, o ante la Corte Suprema de Justicia, por asuntos penales.

Gómez explicó que de la estructura de esta fiscalía harían parte los magistrados de los consejos seccionales de la Judicatura, con el fin de que las investigaciones abarquen no solo a los magistrados de las altas cortes, sino a toda la Rama Judicial.

Algunos puntos clave de la propuesta

• Se plantea crear una Fiscalía Especial para la Rama Judicial, integrada por un Fiscal Especial para la Rama Judicial y fiscales delegados. Este órgano tendría autonomía administrativa y presupuestal.

• El Fiscal Especial para la Rama Judicial sería elegido para un periodo de cuatro años, mediante concurso público que convocaría y adelantaría la Sala de Gobierno de la Rama Judicial.

• La Fiscalía Judicial podría acusar, cuando constitucional y legalmente corresponda, a los funcionarios judiciales (magistrados de altas cortes, magistrados de tribunal, jueces de la República y demás funcionarios y empleados que integran el poder judicial) ante el tribunal o juez competente; ante la instancia de control constitucional o legalmente establecida, cuando se trate de otras causas, y ante las cámaras legislativas, conforme a la regulación orgánica de las mismas, para los casos de magistrados de altas cortes y Fiscal General de la Nación, en supuestos de indignidad constitucional y faltas disciplinarias.

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Reacciones

Según el exmagistrado de la Corte Constitucional Jose Gregorio Hernández, se han hecho tantas propuestas y tantas modificaciones al proyecto original de reforma de equilibrio de poderes que, al final, no se han contemplado soluciones efectivas que resuelvan de fondo los problemas de pesos y contrapesos que se pretende modificar.

Según explicó, la idea que contempla la creación de una Fiscalía Judicial no resolvería nada, pues la opción de que esta Fiscalía no juzgue, sino que acuse ante el Congreso por las faltas de los aforados dejaría en el Legislativo la decisión final sobre la pérdida o no de la investidura. “Esta facultad  seguiría en cabeza del Congreso, y estas decisiones seguirían en el campo político que es necesario reformar”, agregó.

Hernández sostuvo que los procesos que se sigan contra los magistrados o contra el Fiscal General  deben no deben conducir a la impunidad. “No todo tiene que pasar por el tamiz político,  por el Congreso. Cuando se hable de faltas disciplinarias, sería mejor la existencia  de un tribunal disciplinario que falle, sin pasar por el Congreso”.

Por otro lado, el constitucionalista y académico Rodolfo Arango estuvo de acuerdo con la propuesta, al señalar que “la comisión de aforados, tal y como está concebida, es una mala idea, porque permite la interferencia de la Rama Ejecutiva en la Judicial, de forma indebida”.

Según explicó, es positiva la propuesta de  crear una fiscalía judicial con una sola persona a la cabeza que asuma la responsabilidad de acusar y con un equipo eficiente para hacer la acusación, pues, según como se plantea, “su estructura estaría bien inspirada y tendría un criterio transparente al escoger sus fiscales por calidades académicas y no por razones externas”.