La propuesta que reconoce como asunto de salud pública el consumo, abuso y adicción a sustancias psicoactivas fue conciliada en el Congreso y será enviada a sanción presidencial.

Los adictos deberán ser atendidos por las entidades que conforman el Sistema General de Seguridad Social en Salud, y las intervenciones, procedimientos, medicamentos y actividades necesarios para su atención se incorporarán en los planes de beneficios.

El Ministerio de Salud y Protección Social será la instancia responsable de realizar el seguimiento y la evaluación de impacto de la política pública de salud mental y la política de reducción del consumo de sustancias psicoactivas.

“Para realizar el proceso de atención integral será necesario que el servicio de atención integral al consumidor de sustancias psicoactivas o el servicio de farmacodependencia haya informado a la persona sobre el tipo de tratamiento ofrecido por la institución, incluyendo los riesgos y beneficios de este tipo de atención. La persona podrá revocar en cualquier momento su consentimiento”, aclara el proyecto.

Las administradoras de riesgos profesionales, a través de los programas de salud ocupacional, implementarán el proyecto institucional preventivo del consumo, abuso y adicción a estas sustancias en el ámbito laboral.

Cualquier atención se adelantará con el  permiso de la persona que se va a tratar.  Así mismo, se daría prioridad a los menores de edad y a las poblaciones que presenten mayor grado de vulnerabilidad.