El Congreso de la República aplazó en una ocasión, por iniciativa del Consejo Superior de la Judicatura, el sistema oral previsto en la Ley 1395 del 2010; así, por medio de la Ley 1716 del 2014 otorgó un nuevo plazo, que no podía exceder del 31 de diciembre del 2015.

Como es conocido, el inicio de año trajo la implantación del modelo oral en los juzgados civiles y de familia y es uno de los argumentos de los trabajadores de la justicia para justificar el actual cese de actividades en algunos juzgados de Bogotá. (Lea: ACTUALIZACIÓN: Este es el estado de las sedes judiciales, a hoy 2 de febrero)

En consideración a los tropiezos económicos para la creación de juzgados, salas de audiencias, instalación de equipos tecnológicos, entre otros insumos necesarios para la entrada en funcionamiento de la oralidad, el año pasado se presentó una iniciativa que pretende una nueva prórroga.

El proyecto de ley es el 078/15S y pretende que los procesos de implementación de la Ley 1395 entren en vigencia a partir del 31 de diciembre del 2018 y los de la Ley 1564 del 2012, hasta el 1º de enero del 2019.

La iniciativa no ha avanzado mucho, aunque cuenta con ponencia favorable para primer debate en el Senado de la República, pese a que la oralidad entró en vigencia hace un mes.

Así, al inicio de sesiones ordinarias se verá si el Legislativo, específicamente la Comisión Primera del Senado, afronta este tema o deja que la propuesta se hunda por falta de discusión y asume que la entrada en vigor de la oralidad no tiene reversa. (Lea: El nuevo sindicato de la Rama Judicial que desafía a Asonal)

(Senado de la República, ponencia P. L. 078/15S, Nov. 03/15)

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