Proyecto que suprimiría 10.667 normas del ordenamiento jurídico, a último debate

Ya se programó el último debate al proyecto que pretende eliminar alrededor de 10.667 normas del ordenamiento jurídico, con el objetivo de brindar seguridad jurídica, facilitar la labor de los juristas y el conocimiento de los ciudadanos.

La iniciativa busca expulsar del orden legal todas las normas que por diferentes motivos se consideran inútiles; el proyecto derogaría 6.809 leyes y 3.858 decretos con fuerza de ley.

De estas disposiciones, el 42 % corresponde al sector Hacienda y Crédito Público; el 11 % pertenece a Interior; el 8 %, Transporte; el 7,9 %, a Justicia; el 4 %, a Defensa, Función Pública y Trabajo; el 3 % es del sector Educación y el 2 %, a Planeación y Agricultura.

Los criterios adoptados para realizar la depuración fueron:

• Obsolescencia: cuando las normas son inadecuadas ante la nueva realidad social, económica, cultural, política e histórica. Un buen ejemplo es la Ley 59 de 1903, que restablecía la vigencia de algunas disposiciones referentes a la composición del Distrito Judicial de Panamá.

• Derogatoria: ocurre cuando se ha expedido una nueva norma que regula la materia que trataban otras. Vale mencionar como ejemplo que se derogaría la Ley 1ª a de 1923, sobre reforma a la justicia.

• Cumplimiento del objeto: se trata de normas que alcanzaron su finalidad. Así, la Ley 2ª de 1882 se derogaría, pues ordenaba el pago de una deuda con el Estado soberano de Panamá.

• Vigencia: cuando el periodo de vigencia ya se cumplió. Es el caso de la Ley 38 de 1880, que fija el pie de fuerza para el año económico de 1880 a 1881.

• No se adoptaron como legislación permanente: se refiere a las normas expedidas durante de los estados de excepción, como el Decreto 70 de 1978.

• Contrarias a las disposiciones constitucionales actuales o que regulan instituciones que ya no existen: como la Ley 20 de 1958, que creó el Instituto nacional de reeducación y reducción de niños anormales.

Cámara de Representantes, ponencia proyecto de ley 169/18C-199/18S, mayo 22/19.