Juan Pablo López-Pérez
Abogado y catedrático en derecho de los mercados e innovación legal
Exdirector de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC

En Colombia, cuando el calendario empieza a aproximarse a campañas tanto a nivel Congreso como Presidencial, todo se vuelve promesa: la seguridad, el empleo, la salud, la energía, la inflación. Pero hay una promesa que considero decisiva, que casi nadie lo habla en el escenario público: qué va a pasar con la función de inspección, vigilancia y control. Ese poder no es un asunto menor. En la práctica es una forma de definir la cancha donde juegan empresas, consumidores y Estado. Ahora bien, en temporada electoral, la discusión se vuelve susceptible a un riesgo que nadie confiesa en voz alta: la sospecha.

En ese sentido, aun cuando las cosas se hagan bien o no, la visible apología política en quién decide, investiga o sanciona puede traducirse (para gremios, inversionistas y vigilados) en un mensaje de sectarismo. Esa percepción, (la cual puede ser justa o injusta) tiene efectos reales: erosiona la confianza, enfría la inversión, encarece el cumplimiento, vuelve defensiva la interlocución y convierte cada actuación en un pleito de interpretaciones. Creo que el Derecho no debería vivir de sospechas, por lo cual este debate es más que necesario.

No se trata de negar una verdad elemental: la política hace parte del ser humano. Sería un error y una arbitrariedad pretender coartar el derecho de cualquier ciudadano a tener convicciones, ideas, simpatías. Sin embargo, el punto es otro, ya que hay cargos cuya legitimidad depende de la distancia. No se trata de frialdad, sino de la prudencia; no se trata de deshumanización, sino del decoro institucional. En inspección, vigilancia y control, la evidente exhibición partidista en escenarios públicos no es una simple libertad expresiva: es una variable que probablemente puede contaminar la percepción de imparcialidad y con ella, la apariencia de eficacia misma de las autoridades.

Las superintendencias operan en un terreno delicado: son el brazo técnico sectorial del Estado en mercados complejos e hiperregulados y al mismo tiempo son, en muchas ocasiones, jueces de conflictos con impactos reputacionales y económicos enormes.

En ese sentido, han existido unos primeros avances, ya que Colombia ha reconocido la necesidad de generar transparencia en el acceso a las cabezas de algunas de estas entidades. Ejemplo de ello es el Decreto 1817 de 2015, que incorporó reglas de designación para ciertos superintendentes, con convocatoria pública y requisitos orientados a competencia, imparcialidad, transparencia e independencia, manteniendo la designación en cabeza del Presidente. Este fue un paso, pero no resuelve el debate de fondo: que el origen presidencial de la designación (y, sobre todo, la lectura política de esa designación) termina proyectándose sobre la manera como se entienden las decisiones que puede tomar la autoridad. Un muy buen ejemplo es el caso peruano, que ha optado por poner esta discusión sobre el papel; Colombia está en la obligación de continuar ese camino.

Aunque incómoda esta discusión, necesitamos una “despresidencialización” real de los cargos de inspección, vigilancia y control. No para desconocer que son delegaciones del Ejecutivo, sino para evitar que se conviertan en botín narrativo de campaña. La “despresidencialización” aquí no significa que el Presidente “no nombre”, sino que el sistema impida que el nombramiento parezca (o pueda ser) una recompensa política.

Si algo le hace falta a esta conversación es un acuerdo transversal: que quien aspire a gobernar entienda que el país no se gobierna bien cuando los regulados sienten que el árbitro tiene camiseta. La promesa democrática no es solo ganar; es administrar sin convertir cada institución en una discusión política.

Ese compromiso por elemental que suene, casi nunca se formula como agenda pública. En ese sentido y con el mayor respeto para todos los candidatos, independiente de su corriente política, estos deberían acordar: no usar superintendencias como plataforma de disputa partidista, privilegiar trayectorias técnicas verificables y blindar la independencia práctica (no solo formal) de quienes investigan.

Aquí entra un punto que suelo defender a título personal (mas no es una obligación de asunción legal). Estas autoridades deberían fungir, ante todo, como orientadoras y solo como sancionadoras en ultima ratio. La sanción es necesaria, pero no puede ser el lenguaje por defecto. Hay una diferencia entre ordenar el mercado y asfixiarlo; entre proteger al consumidor y administrar el miedo regulatorio.

La propia OCDE ha insistido en promover y apoyar el cumplimiento con instrumentos como guías, herramientas y en general con modelos de soft law. Traducido a la vida real: menos sorpresa punitiva y más claridad ex ante; menos discrecionalidad opaca y más criterios públicos; menos “a ver qué cae” y más enfoque de riesgo; menos expediente como castigo y más expediente como corrección temprana.

Lo anterior importa hoy más que nunca, porque las empresas están bajo una presión doble: tributaria y regulatoria. Cuando el cumplimiento se convierte en supervivencia, el Estado termina incentivando lo que dice combatir: informalidad, creatividad para eludir regulación y una relación defensiva con la autoridad. No hay política regulatoria que aguante un mercado que vive en modo “miedo”.

Ahora bien, la “despresidencialización” y nuevos enfoques de la autoridad no es solo decisión del Ejecutivo ni una promesa de campaña. Es, en buena parte, tarea del legislador. Si queremos autoridades más técnicas, el Congreso debe construir herramientas institucionales de regulación para nuevas economías: modelos disruptivos que premien el cumplimiento real, que faciliten la corrección temprana, que modernicen el diálogo regulatorio y que permitan supervisión basada en riesgo y evidencia.

El esquema entonces es simple en teoría y exigente en práctica: el Presidente nombra al superintendente (bajo unos criterios objetivos), pero el Legislativo fortalece el ecosistema para que ese “Súper” tenga menos incentivos de protagonismo político y más herramientas de cumplimiento: oxígeno para las empresas, garantías para los consumidores. No se trata de suavizar el Estado, se trata de volverlo más útil. Un Estado que sabe corregir antes de castigar es un Estado que ahorra conflicto, reduce costos sociales y aumenta confianza: a eso es lo que muchos hemos llamado una supervisión “inteligente”.

Al final, el país no necesita superintendencias “duras” o “blandas”. Necesita superintendencias confiables. Autoridades que sepan escuchar con rigor, decidir con técnica y sancionar solo cuando el sistema lo exige. Con procesos claros de elección y remoción, con criterios públicos, con puertas cerradas al proselitismo y con una cultura institucional que entienda algo esencial: la imparcialidad no solo debe existir, debe notarse.

Cuando el poder de inspección, vigilancia y control se percibe como brazo de una causa, el mercado deja de discutir cumplimiento y empieza a discutir supervivencia. Cuando eso ocurre, perdemos todos: el consumidor, la empresa y el Estado.

Finalizó dejando una breve invitación: todos los colombianos esperamos que el nuevo(a) presidente, junto con el nuevo Congreso, den esta lucha sin bandera política; que sea un compromiso de todos, precisamente para que no parezca de nadie.

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