Juan Pablo López-Pérez
Abogado y catedrático en derecho de los mercados e innovación legal
Exdirector de Investigaciones de Protección al Consumidor de la SIC

Durante muchos años se asumió que la democracia por sí sola garantizaba estabilidad institucional y confianza en los mercados. Sin embargo, las elecciones también pueden convertirse en momentos de profunda incertidumbre cuando el debate político empieza a trasladarse hacia espacios que deberían mantenerse técnicos e independientes, particularmente aquellos relacionados con la vigilancia, regulación y control de la actividad económica, pues es allí donde se define buena parte de la confianza que necesitan los mercados para funcionar adecuadamente.

Eso es precisamente lo que hoy comienza a sentirse en Colombia, no porque exista una determinada orientación política en el poder, sino porque poco a poco varias instituciones han empezado a incorporar discursos cada vez más cercanos a narrativas ideológicas y de confrontación pública, alejándose de la distancia técnica que históricamente debían caracterizarlas. El problema no es que el Estado ejerza control o imponga sanciones cuando corresponde, pues los mercados requieren vigilancia y capacidad correctiva, la dificultad aparece cuando la sanción deja de entenderse como una herramienta excepcional destinada a corregir fallas y empieza a convertirse en el principal lenguaje institucional, generando la sensación de que la autoridad busca producir mensajes políticos antes que construir confianza regulatoria.

En los últimos años, el país ha visto un incremento considerable en el valor de las multas y en la intensidad de la actividad sancionatoria por parte de diferentes autoridades, situación que sumada a diversas interpretaciones y a una percepción creciente de discrecionalidad administrativa, ha terminado consolidando algo especialmente delicado. En ese sentido, Colombia ya no enfrenta únicamente incertidumbre tributaria, sino también una evidente incertidumbre regulatoria, en la que muchos actores económicos sienten que no basta con cumplir formalmente la ley, porque además deben intentar anticipar el criterio político o discursivo que podría acompañar determinadas actuaciones administrativas.

Las facultades administrativas nunca fueron concebidas exclusivamente para sancionar, ya que también existen para orientar, prevenir riesgos, generar incentivos de cumplimiento y estabilizar el mercado; múltiples decisiones de la Corte Constitucional así lo indican. Sin embargo, pareciera que el derecho de los mercados se ha ido desplazando hacia una lógica cada vez más inquisitiva, en la que investigar, exhibir y castigar termina produciendo más valor político y mediático que la verdadera corrección estructural de los problemas.

Lo más preocupante es el silencio que rodea esa transformación, especialmente por parte de sectores que históricamente debían ejercer una mirada crítica e independiente frente al poder público. Hoy más que nunca se necesitan las voces de académicos, litigantes, consultores y expertos en derecho económico, competencia, consumo y regulación.

Ahora bien, esa crítica que debería existir, cuando realmente exista mérito para ello, debe ser siempre técnica, rigurosa y respetuosa de las instituciones y las personas. En ningún caso puede convertirse en una crítica personal, ni en un cuestionamiento dirigido a funcionarios específicos por razones ajenas a su actuación pública. Lo que debe discutirse no son las personas, sino los criterios, las decisiones, los incentivos institucionales y los riesgos que se generan cuando la regulación pierde distancia técnica y empieza a confundirse con el lenguaje político del momento.

Hay momentos en los que el silencio deja de ser neutralidad y empieza a convertirse en una forma de complicidad, particularmente cuando lo que está en juego no es solamente la estabilidad de los mercados, sino también la confianza ciudadana en las instituciones encargadas de protegerlos.

Las próximas elecciones no solo definirán quién gobernará el país durante los próximos años, sino también qué tan capaces serán las instituciones de conservar su independencia técnica y resistir la presión de convertirse en escenarios de validación ideológica. Cualquier administración que llegue tendrá la obligación de demostrar equilibrio, tecnicismo y una verdadera intención de modernizar el derecho de los mercados, no únicamente desde el punto de vista sancionatorio y procesal (mediante estándares claros de dosimetría, incentivos reales para la corrección temprana y mecanismos que premien el cumplimiento estructural), sino también a través de una agenda seria de actualización frente a las nuevas economías y a las transformaciones tecnológicas que ya están redefiniendo las relaciones de consumo, datos y competencia.

Colombia sigue intentando responder fenómenos contemporáneos mediante estructuras pensadas para otra época, donde las economías colaborativas, las plataformas digitales, los marketplaces, la inteligencia artificial y los nuevos escenarios de economía digital avanzan mucho más rápido que la capacidad regulatoria del Estado. Por eso el desafío no consiste únicamente en sancionar mejor, sino en comprender mejor cómo funcionan los mercados actuales, pues cuando la regulación deja de ser técnica y empieza a depender del ambiente político o de las necesidades discursivas del gobierno de turno, lo que comienza a deteriorarse no es solamente la estabilidad económica, sino la confianza misma en las reglas democráticas y en la posibilidad de convivir bajo instituciones previsibles e independientes.

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