Después de cinco años y cuatro meses al frente de la Superintendencia de Sociedades (Supersociedades), Billy Escobar renunció a ese cargo, recientemente. Luego de su paso por esta importante entidad, Escobar compartió con ÁMBITO JURÍDICO sus experiencias en el cargo y las enseñanzas de cara al sostenimiento y al crecimiento del tejido empresarial colombiano.

ÁMBITO JURÍDICO: ¿Qué balance entrega sobre su gestión al frente de la Supersociedades?

B. E.: Recibimos una Supersociedades profundamente impactada por los efectos de la pandemia y por un contexto social y económico complejo para el país. Uno de los principales retos fue reactivar institucionalmente una entidad que históricamente había sido percibida desde una lógica principalmente sancionatoria o policiva y transformarla en una institución mucho más cercana, preventiva, pedagógica y conectada con las realidades del tejido empresarial colombiano.

Ese cambio de visión fue probablemente uno de los resultados más importantes de nuestra gestión. La superintendencia pasó de ser vista únicamente como una autoridad de control o liquidación a consolidarse como una entidad técnica capaz de acompañar, orientar y generar confianza en el empresariado, entendiendo además que proteger las empresas también significa proteger empleo, inversión y estabilidad social.

Á. J.: Háblenos un poco sobre esa orientación regional que se le dio a la entidad.

B. E.: Impulsamos una estrategia de convergencia regional que permitió, por primera vez, llegar de manera directa a todas las regiones del país y dialogar con empresarios de distintos tamaños y sectores económicos en condiciones de igualdad, entendiendo que Colombia no puede analizarse únicamente desde las dinámicas empresariales de las grandes ciudades.

Otro frente muy importante fue la transformación tecnológica y el fortalecimiento de la analítica institucional. Avanzamos en procesos de modernización digital que permitieron convertir grandes volúmenes de información societaria y financiera en herramientas útiles para la toma de decisiones públicas y privadas. Hoy la entidad cuenta con sistemas de información y analítica que facilitan el acceso ciudadano a datos empresariales y permiten comprender con mayor precisión la realidad económica del país.

También fortalecimos significativamente la capacidad jurisdiccional y administrativa de la superintendencia, acelerando procesos, promoviendo mayor transparencia y mejorando la resolución oportuna de conflictos empresariales, lo que contribuyó a posicionar a la entidad como un referente nacional e internacional en materia de supervisión y administración de justicia especializada.

Igualmente, logramos ampliar la comprensión pública sobre el verdadero alcance de la Supersociedades. El país empezó a reconocer que la entidad no solo cumple funciones relacionadas con insolvencia o liquidación, sino que también desarrolla labores de prevención, acompañamiento empresarial, protección patrimonial, supervisión societaria, intervención y fortalecimiento de buenas prácticas corporativas.

Á. J.: En materia de protección al empresariado, ¿qué análisis realiza acerca de la normativa de insolvencia en el país?

B. E.: La normativa de insolvencia en Colombia constituye hoy uno de los principales instrumentos de protección del empresariado y del tejido productivo nacional. El régimen establecido en la Ley 1116 de 2006, fortalecido por la Ley 2437 de 2024, ha permitido consolidar un modelo moderno, alineado con estándares internacionales y orientado prioritariamente al salvamento empresarial, la preservación del empleo y la continuidad de las unidades productivas.

En materia de salvamento empresarial, Colombia cuenta con una legislación sólida, reconocida por organismos internacionales por su consistencia técnica y por su enfoque orientado a la reorganización y no simplemente a la liquidación.

Desde la experiencia institucional, el marco normativo vigente ha sido adecuado para atender las crisis empresariales en un contexto económico complejo, marcado por choques externos, dificultades de liquidez y transformaciones profundas en los modelos de negocio. La insolvencia dejó de entenderse exclusivamente como un mecanismo de cierre para convertirse en una herramienta de ajuste ordenado, reorganización y recuperación empresarial.

En esa línea, la Ley 2437 de 2024 representó un avance muy importante al incorporar de manera permanente mecanismos como las pequeñas insolvencias, la reorganización abreviada y la liquidación judicial simplificada, especialmente diseñados para las micro, pequeñas y medianas empresas.

Á. J.: ¿Hoy se requiere algún tipo de reforma en estas?

B. E.: La insolvencia es un régimen dinámico que debe evolucionar permanentemente. Más que una reforma estructural completa, el país necesita seguir profundizando el enfoque de salvamento empresarial. Incluso hemos planteado que hacia el futuro la propia denominación del régimen debería evolucionar desde una “ley de insolvencia” hacia una verdadera “ley de salvamento empresarial”, porque el objetivo de estas herramientas no es perseguir empresas ni sancionar empresarios, sino preservar capacidades productivas, proteger el empleo y generar condiciones para la recuperación económica.

Ese enfoque también exige fortalecer los mecanismos de prevención, la solución temprana de conflictos y el uso de herramientas tecnológicas y analíticas que permitan actuar con mayor rapidez, transparencia y objetividad. La tecnología debe convertirse en un aliado para facilitar acuerdos, acelerar decisiones y mejorar la capacidad institucional de respuesta.

Pero existe además un elemento fundamental sobre el cual hemos insistido especialmente y es la dimensión ética de los procesos de insolvencia. De poco sirve modernizar herramientas legislativas, tecnológicas o procesales si los distintos actores que participan en estos escenarios no actúan bajo principios de honestidad, transparencia y responsabilidad social. Los asesores legales, financieros, contables y administrativos tienen un papel determinante en la construcción de una verdadera cultura de salvamento empresarial.

En conclusión, Colombia cuenta hoy con un régimen de insolvencia sólido, moderno y técnicamente consistente. El reto no es desmontar ese modelo, es perfeccionarlo, fortalecer su enfoque preventivo y consolidar una verdadera cultura de salvamento empresarial.

Á. J.: ¿Cuáles cree que son los principales aportes a la justicia mercantil que hace la Delegatura para Procedimientos Mercantiles?

B. E.: Esta Delegatura se ha consolidado como uno de los principales referentes de justicia mercantil especializada en Colombia. Sus decisiones no solamente resuelven controversias societarias concretas, también han contribuido a construir una línea doctrinaria sólida que hoy sirve de referencia para buena parte del sistema jurídico y empresarial del país.

Las providencias proferidas por los jueces de la Supersociedades son ampliamente reconocidas por su calidad técnica y por su capacidad de interpretar las dinámicas contemporáneas del derecho societario y empresarial. De hecho, muchas de estas decisiones son utilizadas como referente en la justicia ordinaria, en tribunales de arbitramento y en distintos escenarios de resolución alternativa de conflictos, precisamente por el nivel de especialidad y consistencia jurídica que han alcanzado.

Uno de sus principales aportes ha sido consolidar una justicia especializada, pronta y predecible para los empresarios y usuarios del sistema. La especialización de sus jueces y equipos técnicos ha permitido reducir significativamente los tiempos procesales. Actualmente, las demandas son calificadas en un término promedio inferior a 20 días y los procesos se resuelven aproximadamente en 198 días, lo que representa una respuesta mucho más eficiente frente a los tiempos de la justicia ordinaria.

Esa eficiencia también se refleja en la solidez jurídica de las decisiones. Entre 2022 y 2025, proporcionalmente, las decisiones remitidas a segunda instancia mantuvieron altos niveles de confirmación y bajos índices de revocatoria.

Otro aspecto fundamental ha sido la capacidad de mantener una visión actualizada frente a las tendencias internacionales del derecho mercantil y societario. La doctrina desarrollada por la Supersociedades incorpora permanentemente estándares globales y discusiones contemporáneas del mundo empresarial.

Á. J.: ¿Cuál es su opinión acerca del papel que desempeñan algunos actores de la justicia frente a la jurisdicción de la Delegatura? ¿Conocen su rol? ¿Falta mejorar en capacitación del procedimiento?

B. E.: La función que cumplen los distintos actores que participan en los procesos ante la Delegatura es absolutamente determinante para el adecuado funcionamiento del sistema. Por esa razón, desde la Supersociedades insistimos en la necesidad de fortalecer no solo las capacidades técnicas de quienes intervienen en estos escenarios, sino también su responsabilidad ética y su comprensión sobre el impacto económico y social que tienen estas actuaciones.

Nuestra postura ha sido clara en señalar que todos los actores del sistema, incluidos abogados, asesores financieros, contadores, administradores y demás intervinientes, deben entender que la finalidad última de muchos de estos procesos no puede reducirse únicamente a la confrontación jurídica entre partes. Se trata también de preservar tejido empresarial, proteger empleo y contribuir a la estabilidad económica del país.

En ese sentido, consideramos fundamental avanzar hacia una verdadera cultura de salvamento empresarial y solución inteligente de conflictos. Muchos de los litigios empresariales que llegan a instancias judiciales terminan agravándose por la ausencia de mecanismos adecuados de concertación o por diferencias personales que, con una visión más estratégica y menos litigiosa, podrían resolverse oportunamente sin afectar la continuidad de las empresas.

Por supuesto, es importante reconocer que los abogados y profesionales que actúan ante esta jurisdicción son, en su gran mayoría, especialistas altamente calificados en las materias sometidas a consideración.

Pero las controversias societarias no son simples “juicios de baranda”; son actuaciones especializadas que exigen sensibilidad frente a la realidad de las empresas, entendiendo que detrás de cada proceso existen empleos, inversiones, cadenas productivas y proyectos empresariales que pueden verse afectados.

Á. J.: ¿Se afectó la justicia mercantil con el fallo que declaró inexequibles algunas facultades de esta entidad en materia de conflictos societarios?

B. E.: El fallo no produjo una afectación sustancial a la justicia mercantil ejercida por la Supersociedades. Más que limitar la capacidad institucional de la entidad, la decisión permitió precisar con mayor claridad el alcance de sus competencias en materia societaria y de supervisión.

Es importante entender que la Supersociedades no ejerce funciones de administración directa sobre las compañías vigiladas. La entidad no toma control operativo de las empresas, no dispone de sus recursos ni reemplaza a sus órganos de administración o representación legal. Su función está orientada principalmente a supervisar, acompañar, corregir desviaciones y promover el adecuado funcionamiento del sistema societario dentro del marco legal vigente.

En ese sentido, la decisión judicial ayudó a delimitar con mayor precisión el alcance de las facultades institucionales, diferenciando claramente las competencias de la Supersociedades frente a otros modelos regulatorios o de intervención estatal aplicables a sectores donde, por tratarse de servicios públicos esenciales o actividades especialmente sensibles, existen esquemas de control mucho más intensos.

Á. J.: ¿Cuál es su visión sobre las cámaras de comercio del país?

B. E.: Tengo una visión profundamente favorable sobre el papel que cumplen las cámaras de comercio en Colombia. Considero que las cámaras deben consolidarse como verdaderas agencias de desarrollo regional, capaces de articular empresa, territorio, institucionalidad y competitividad alrededor de las necesidades reales de cada región.

En muchos municipios, las cámaras una de las pocas instituciones con capacidad técnica, legitimidad y permanencia suficiente para liderar procesos de desarrollo económico y fortalecimiento empresarial. Por eso siempre he defendido su importancia estratégica dentro del ecosistema económico colombiano.

Sin embargo, también considero que el sistema cameral enfrenta desafíos importantes y debe hacer una reflexión profunda sobre su papel hacia el futuro. El país reclama cámaras mucho más conectadas con la realidad social y económica de sus territorios, con mayor capacidad de acompañamiento técnico, presencia regional y articulación con entidades públicas, privadas, academia y organizaciones sociales.

Uno de los principales retos está relacionado con la representatividad. El tejido empresarial colombiano es mucho más amplio, diverso e informal de lo que actualmente reflejan los registros mercantiles y la participación dentro del sistema cameral. Particularmente, las micro, pequeñas y medianas empresas aún no encuentran en muchos casos una representación suficientemente sólida dentro de estos escenarios.

Por eso creo que las cámaras tienen el desafío de ampliar su alcance territorial y empresarial, no desde una lógica de recaudo o crecimiento administrativo, sino desde la necesidad de construir mayor legitimidad y cercanía con el empresariado real del país.

Á. J.: ¿Cómo fortalecer la participación empresarial en ese sistema cameral, especialmente en Confecámaras, el gremio que las cobija?

B. E.: Considero importante fortalecer los mecanismos de participación y pluralidad dentro del sistema, evitando dinámicas cerradas o excesivamente concentradas que puedan limitar la representatividad empresarial. Las cámaras deben ser instituciones abiertas, técnicas, independientes y profundamente conectadas con las necesidades de los comerciantes y empresarios de sus regiones.

En esa misma línea, es fundamental preservar su autonomía frente a intereses políticos o particulares que puedan afectar su naturaleza institucional y su capacidad de actuar con independencia.

Ahora bien, también debo reconocer que durante los últimos años muchas cámaras han venido evolucionando positivamente. Hoy encontramos cámaras liderando procesos de innovación, sostenibilidad, internacionalización, emprendimiento, transformación digital y fortalecimiento regional. Y ahí Confecámaras debería asumir un papel real como articulador social, cercano a las regiones con sus dificultades y como espacio de coordinación técnica del sistema cameral y no como un vendedor de servicios logísticos.

El reto es consolidar un modelo de cámaras cada vez más moderno, participativo y orientado al desarrollo territorial con alcance social.

Á. J.: ¿Qué hacer para que entidades como la Supersociedades sean vistas como aliados de las empresas para el crecimiento empresarial y de la economía del país?

B. E.: Lo primero que se debe hacer es acercarse de manera real al territorio y al empresariado. No es posible construir políticas públicas, estrategias de supervisión o mecanismos de acompañamiento desde la distancia de un escritorio o desde una visión exclusivamente normativa.

Las instituciones tienen que salir al encuentro de las empresas, escuchar a los empresarios, comprender sus realidades y entender las enormes complejidades que implica generar empleo, sostener operaciones y competir en un entorno económico cada vez más exigente.

Eso fue precisamente una de las principales apuestas de nuestra gestión. Recorrer las regiones, dialogar directamente con empresarios de todos los tamaños y sectores, entender las dinámicas económicas de cada territorio y construir una institucionalidad mucho más cercana, preventiva y pedagógica.

Creo que el empresariado colombiano no espera únicamente entidades que sancionen o vigilen. Espera instituciones técnicas, serias y transparentes, pero también capaces de orientar, acompañar y generar confianza. Instituciones que ayuden a las empresas a ser más sostenibles, más competitivas y más preparadas para enfrentar los desafíos actuales.

Por supuesto, eso no significa renunciar a la función de supervisión. En últimas, las entidades públicas deben ser capaces de conocer profundamente la realidad empresarial del país. Solo así pueden convertirse en verdaderos aliados del desarrollo y no simplemente en actores externos que observan las dificultades desde la distancia.

Á. J.: ¿Cuál es la salud de la que goza el empresariado en el país, con base en el informe anual que presenta la Supersociedades sobre las 1.000 empresas más grandes del país?

B. E.: Creo que para analizar la salud del empresariado colombiano es importante entender que el país tiene, en realidad, dos grandes dinámicas empresariales que conviven de manera simultánea. Por un lado, las micro, pequeñas y medianas empresas, que representan una parte fundamental de la economía nacional y del empleo del país. Y por otro, las grandes compañías que históricamente han concentrado buena parte de la estructura productiva, financiera y exportadora de Colombia.

La suma de ambos segmentos es la que verdaderamente refleja la salud del tejido empresarial colombiano. Y en términos generales, lo que muestran los informes económicos de la Supersociedades es que el país cuenta con un empresariado resiliente, con capacidad de adaptación y con una enorme voluntad de mantenerse productivo incluso en escenarios económicos complejos.

Ahora bien, también es cierto que Colombia todavía tiene un tejido empresarial relativamente pequeño frente a otras economías de América Latina y frente a estándares internacionales. El país aún necesita fortalecer mucho más sus capacidades de crecimiento empresarial, sofisticación productiva, internacionalización e innovación.

Y ahí aparece uno de los principales desafíos estructurales. Mientras las grandes empresas del país cuentan con mayores niveles de acceso a financiación, capacidades organizacionales, acompañamiento técnico y posibilidades de expansión, las micro, pequeñas y medianas empresas siguen enfrentando enormes barreras relacionadas con formalización, acceso al crédito, sostenibilidad, transformación tecnológica y acceso a mercados.

Por eso considero que una de las grandes tareas del país hacia adelante consiste en fortalecer mucho más el ecosistema de acompañamiento a las mipymes. No solamente desde una visión de subsidio o asistencia, sino desde la construcción de capacidades reales de productividad, innovación y crecimiento.

Á. J.: ¿Qué consejos darle a un empresario que se encuentre en dificultades para mantener su operación?

B. E.: Lo primero que le diría es que no enfrente la situación en soledad y que busque asesoría técnica adecuada desde etapas tempranas. Muchas veces las crisis empresariales se agravan precisamente porque las decisiones se toman tarde o sin el acompañamiento de personas que realmente comprendan el funcionamiento de las herramientas empresariales, financieras y jurídicas disponibles.

Es importante entender que los mecanismos de insolvencia no fueron diseñados únicamente para liquidar empresas. Por el contrario, su principal finalidad es permitir la reorganización, la recuperación y la preservación de unidades productivas viables. Utilizar de manera oportuna y responsable estas herramientas puede marcar la diferencia entre la continuidad o el cierre de una empresa.

También considero fundamental fortalecer el gobierno corporativo. Las juntas directivas deben asumir un papel mucho más activo y consciente frente a los riesgos empresariales y frente a las decisiones estratégicas de las compañías. Muchas veces se cree equivocadamente que toda la responsabilidad recae exclusivamente sobre el representante legal, cuando en realidad los órganos de administración y dirección tienen un papel determinante en la sostenibilidad y estabilidad de las organizaciones.

Otro aspecto clave es entender que existen instituciones dispuestas a acompañar a los empresarios. Las cámaras de comercio, los gremios, las entidades financieras y organismos como la Superintendencia de Sociedades pueden convertirse en aliados importantes para encontrar soluciones y construir rutas de recuperación.

Pero quizás el mensaje más importante es que las dificultades empresariales no deben asumirse como un fracaso personal ni como una situación irreversible. El mundo empresarial está lleno de ciclos complejos, transformaciones económicas y momentos de crisis.

Á. J.: El aumento de costos laborales (salario mínimo, reducción de jornada laboral, recargos laborales, nuevas obligaciones de contratación, etc.) ha llevado a muchas empresas a congelar nóminas, a reducirlas y a evaluar si continúa en el mercado. ¿Qué recomendaciones le daría a un empresario para mantener su operación?

B. E.: Lo primero que le recomendaría a cualquier empresario es no tomar decisiones apresuradas o aisladas frente a contextos económicos complejos. Es evidente que muchas empresas hoy enfrentan mayores presiones derivadas de aspectos globales, ajustes regulatorios y cambios en las dinámicas económicas, especialmente las mypimes, que suelen tener menores márgenes de maniobra financiera.

Precisamente, por eso es fundamental fortalecer la capacidad de planeación, prevención y acceso oportuno a información técnica confiable. Hoy las empresas cuentan con múltiples herramientas institucionales que pueden ayudarles a tomar mejores decisiones y anticiparse a escenarios de dificultad.

En el caso de la Supersociedades, por ejemplo, se consolidó una plataforma institucional con guías, cartillas, doctrina, instructivos, sistemas de información y herramientas pedagógicas diseñadas para orientar a los empresarios en temas relacionados con sostenibilidad empresarial, gobierno corporativo, insolvencia, cumplimiento y prevención de riesgos.

Uno de los principales objetivos de nuestra gestión fue precisamente transformar el lenguaje institucional y acercarlo mucho más a las necesidades reales del empresariado, utilizando herramientas claras, pedagógicas y accesibles que permitieran acompañar a las empresas tanto en momentos de estabilidad como en escenarios de dificultad.

Además, hoy existen herramientas tecnológicas disponibles permanentemente que permiten acceder a información, orientación y mecanismos de apoyo desde cualquier región del país, complementadas con presencia institucional territorial a través de distintas sedes y espacios de acompañamiento empresarial.

En últimas, las dificultades económicas deben enfrentarse con información, planeación y apoyo técnico oportuno.

Á. J.: ¿Cuáles cree que son las fallas o errores más comunes que comete un empresario que lo llevan a buscar mecanismos de salvamento empresarial?

B. E.: Uno de los errores más comunes es actuar tarde. Muchas empresas llegan a escenarios de dificultad cuando ya agotaron buena parte de sus capacidades financieras y operativas, por no haber tomado decisiones oportunas o no haberse asesorado adecuadamente desde etapas tempranas.

También persisten debilidades importantes en materia de gobierno corporativo, planeación financiera y gestión de riesgos. En algunos casos, las juntas directivas no asumen de manera suficientemente activa su papel estratégico y las decisiones terminan concentrándose exclusivamente en el representante legal.

Adicionalmente, muchos empresarios siguen viendo los mecanismos de insolvencia como un fracaso o como herramientas exclusivamente orientadas a la liquidación, cuando en realidad fueron concebidos para permitir reorganizaciones oportunas y preservar empresas viables.

Por eso el mensaje siempre ha sido el mismo, es necesario actuar con anticipación, buscar acompañamiento técnico y entender que pedir ayuda a tiempo puede marcar la diferencia entre recuperar una empresa o perderla.

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