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Héctor José García
Director del Observatorio de Gobierno y TIC de la Pontificia Universidad Javeriana

La Ley 2213 de 2022 consolidó como regla permanente la presentación de actuaciones procesales por mensaje de datos. Hoy, el correo electrónico es el canal por defecto de las comunicaciones de la Rama Judicial: notificaciones personales, traslados, oficios con medidas cautelares, exhortos, requerimientos a terceros y comunicaciones a entidades vigiladas circulan diariamente por esa vía. Aunque la eficiencia ganada es indiscutible, la precariedad probatoria del canal de envío, en cambio, ha pasado en gran medida inadvertida.

El artículo 8º de la Ley 2213 establece que la notificación personal se entenderá realizada una vez transcurridos dos días hábiles siguientes al envío del mensaje y que los términos comenzarán a correr a partir del día siguiente al de la notificación. La regla parece operar sin sobresaltos, pero descansa sobre un supuesto técnico que rara vez se interroga: que el correo, efectivamente, llegó al buzón del destinatario, que no fue alterado en tránsito y que existe constancia verificable de su recepción y eventual lectura.

En la práctica, lo único que el juzgado conserva como respaldo es la copia o “pantallazo” del correo enviado y, en el mejor de los casos, una eventual respuesta del destinatario o la confirmación de lectura del proveedor del servicio de correo, pero no se cuenta con una prueba técnica idónea.

La Corte Suprema de Justicia, en la Sentencia STC-16733 de 2022, recordó que el conocimiento efectivo del destinatario es un parámetro garantista del debido proceso y que la mera remisión del mensaje no agota el deber de notificación cuando existen elementos que comprometen su entrega real. La Corte Constitucional, por su parte, ha reiterado en sede de tutela que la notificación es una garantía instrumental del derecho de defensa y que su deficiencia material puede acarrear la nulidad de lo actuado.

El problema dogmático es evidente: una notificación electrónica sin trazabilidad técnica robusta es jurídicamente cuestionable. Cualquier parte diligente puede pedir la nulidad alegando que el correo no llegó, que llegó a una carpeta de cuarentena, que fue desviado por filtros antispam o que su contenido fue manipulado, ante lo cual el juzgado tendrá serias dificultades para desvirtuar la alegación, salvo que cuente con evidencia técnica adicional.

El imaginario de que el correo electrónico común constituye prueba suficiente de envío y recepción es rebatible tanto desde el punto de vista jurídico como técnico: la Ley 527 de 1999 reconoce la equivalencia funcional entre los mensajes de datos y los documentos físicos, pero subordina esa equivalencia a la posibilidad de verificar la integridad de la información y la confiabilidad del método de conservación.

Desde el punto de vista técnico, un correo enviado desde una cuenta convencional no acredita, por sí solo, su recepción efectiva: el remitente solo controla lo que ocurre hasta que el mensaje sale de su servidor, mientras que su llegada al servidor del destinatario, su clasificación, su eventual filtrado y su acceso por el usuario final son eventos que escapan a su esfera de prueba.

Las llamadas confirmaciones de lectura que ofrecen plataformas como Outlook o Gmail dependen de la voluntad del destinatario y no satisfacen los presupuestos técnicos exigibles a un medio probatorio robusto. En sede contenciosa, la contraparte tiene amplio margen para cuestionar la autenticidad e integridad de la comunicación, forzando la práctica de un dictamen pericial informático con los costos y demoras que ello implica.

A esta vulnerabilidad procesal se ha sumado, en los últimos años, una vulnerabilidad de seguridad informática. El Consejo Superior de la Judicatura ha emitido alertas reiteradas sobre actos de phishing que suplantan despachos judiciales mediante correos que imitan logos, lenguaje y direcciones aparentemente institucionales.

La más reciente, de septiembre de 2025, documentó una modalidad en la que los correos fraudulentos se presentaban como citaciones o notificaciones oficiales y buscaban inducir al destinatario a descargar archivos maliciosos. La existencia simultánea de comunicaciones judiciales legítimas y comunicaciones falsificadas que viajan por el mismo canal convencional crea un entorno en el que el destinatario, incluido el abogado litigante, no cuenta con elementos objetivos para distinguir unas de otras antes de abrir el mensaje. El problema deja de ser meramente probatorio para convertirse en un riesgo de afectación a derechos sustantivos, especialmente cuando del correo dependen términos, embargos o medidas de protección.

La respuesta para este problema no requiere reformas legislativas ni el abandono del correo electrónico como medio de comunicación, puesto que la Ley 1369 de 2009 consagra la franquicia postal y la normativa actual ya reconoce el servicio de correo electrónico postal certificado, que es prestado por el operador postal oficial de forma exclusiva de acuerdo con el artículo 15 de dicha ley. Esta solución solo replica, en entornos electrónicos, los envíos físicos de expedientes y documentos que la Rama Judicial ya realiza a través del operador postal.

La implementación sistemática de este servicio en los despachos judiciales tendría efectos jurídicos concretos. En primer lugar, reduciría drásticamente el espacio para nulidades fundadas en defectos materiales de notificación, al desplazar la carga de probar el envío y la recepción del juzgado al operador postal, que conserva la evidencia técnica.

En segundo lugar, fortalecería la oponibilidad de los oficios con medidas cautelares frente a terceros –entidades financieras, oficinas de registro, empleadores, notarías–, cuya ejecución se ve frecuentemente demorada por dudas razonables sobre la autenticidad del mensaje recibido.

En tercer lugar, generaría un mecanismo objetivo para que la ciudadanía y los litigantes distingan las comunicaciones legítimas de las fraudulentas, mediante la regla simple de que las comunicaciones de la Rama Judicial transitan por un canal certificado y verificable. Por último, alinearía la operación de la Rama con el régimen de los servicios postales y el área de reserva establecida en la Ley 1369 de 2009, cumpliendo con el principio de legalidad. Tal y como sucedía con el físico. Cuando se recibía un correo físico postal de 4-72, el usuario sabía que se trataba de una notificación judicial o administrativa, en tanto el correo era entregado por un funcionario de 4-72 debidamente uniformado, con carnet y papelería del operador Postal Oficial; el correo se entregaba de forma personal, de manera que todas estas circunstancias generaban seguridad y confianza sobre la autenticidad de dicha comunicación oficial.

Ahora bien, conviene precisar el alcance de la propuesta: el correo electrónico postal certificado no resuelve por sí solo todos los problemas estructurales de la justicia digital: no corrige errores en las direcciones electrónicas suministradas por las partes, no sustituye una adecuada gestión del expediente electrónico, no elimina por completo el phishing –mientras subsistan comunicaciones oficiales por canales convencionales–, ni descongestiona los despachos.

Su contribución es más acotada, pero también más realista: dotar de garantías técnicas verificables a aquellos actos procesales en los que la prueba del envío, la recepción, la integridad y el acceso es jurídicamente determinante. En un proceso judicial cuya validez depende crecientemente de comunicaciones electrónicas, esa contribución no es marginal.

Dado que ya existe un servicio tecnológico puesto a disposición de la Rama Judicial, lo aconsejable es que los despachos lo empiecen a utilizar como canal por defecto en aquellas actuaciones donde la trazabilidad técnica es presupuesto del debido proceso: notificaciones personales, comunicaciones de tutela con accionados, oficios con medidas cautelares y comunicaciones a entidades vigiladas.

Esta invitación también puede ser extendida para todos los abogados litigantes que también utilizan el correo electrónico como medio de comunicación y notificación de actuaciones en el marco de los procesos judiciales quienes también podrán hacer uso del correo electrónico certificado prestado por terceros de confianza, esto es, las entidades de certificación digital, bajo el amparo de la Ley 527 de 1999.

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