Felipe García Pineda
Socio de Robledo Abogados

En marzo de 2026 se conmemoran 250 años de la publicación de An Inquiry into the Nature and Causes of the Wealth of Nations, más conocida como La riqueza de las naciones. Y aunque el libro de Adam Smith sigue siendo una referencia obligada y una de las obras más citadas en economía, política pública y derecho económico, también es una de las menos leídas y más tergiversadas.

Uno de los errores más comunes y propagados en la historia ha sido asociar a Adam Smith y a su obra como pregoneros del liberalismo económico desenfrenado y sin barreras, promotor de la idea de que la codicia individual produce bienestar colectivo, una especie de apóstol del egoísmo económico.

Sin embargo, quien realmente se tome el trabajo de leer su obra encontrará a un pensador mucho más complejo, muy lejos de las simplificaciones y citas fáciles que hoy abundan en redes sociales. Antes de escribir La riqueza de las naciones, Smith publicó La teoría de los sentimientos morales, un tratado sobre ética, empatía y comportamiento humano en donde desarrolla la idea de que las normas morales y el sentido de justicia son esenciales para el correcto funcionamiento de las sociedades.

Para Smith, el mercado solo podía prosperar si estaba sostenida por confianza, reglas claras y un marco institucional sólido. En esta línea, fue uno de los primeros en advertir que los mercados necesitan instituciones fuertes y legítimas que protejan la competencia frente a los monopolios y la colusión de empresarios. En uno de sus pasajes más célebres señalaba que las reuniones entre empresarios de un mismo sector, si bien empezaban normalmente con propósitos loables, siempre degeneraban en una conspiración contra el público o en acuerdos para subir precios. Esta es quizás una de las frases preferidas de quienes practicamos el derecho de la competencia.

Si miramos de cerca las enseñanzas de Smith, es inevitable ver fuertes coincidencias con nuestro modelo económico. La Constitución de 1991 reconoce la libertad económica, la libertad de empresa y la iniciativa privada (artículo 333), pero al mismo tiempo establece que la actividad económica tiene una función social y que el Estado debe intervenir cuando sea necesario para proteger el interés general, promover la competencia y evitar abusos. Es decir, establece de modelo de economía social de mercado, que está al servicio de todos y no de unos pocos.

El modelo constitucional colombiano no es el del laissez-faire absoluto como quisieran unos, ni tampoco es el modelo soviético de una economía planificada y centralizada. El modelo de economía social de mercado es, si se quiere, un centro equilibrado que quiere que la empresa privada florezca en el mercado pero que percibe al Estado en un rol vigilante para evitar abusos y desviaciones.

Por eso resulta llamativo que, mientras el debate público suele invocar a Adam Smith para defender posiciones extremas, su pensamiento original está mucho más cerca de ese punto de equilibrio.

En el clima político actual, donde una mitad del espectro tiende a demonizar a los empresarios e imputarles la causa de todos los males, mientras que otra desconfía de cualquier intervención del Estado, el pensamiento de Adam Smith resulta sorprendentemente actual. Desde hace dos siglos y medio el pensador inglés entendió que la clave estaba en una posición equilibrada, que entiende las empresas y los mercados como generadores de riqueza y prosperidad para todos y el Estado con un rol fundamental, casi existencial, que garantiza que los beneficios de la actividad económica sean para todos y no para unos pocos. La prosperidad del país se construye con instituciones fuertes y sobre todo legítimas que garanticen que los mercados funcionen con competencia, justicia y confianza.

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