¿Ciencia jurídica para el propio lucro?
John Zuluaga
LL. M y Doctor en Derecho de la Georg-August-Universität Göttingen (Alemania).
Miembro del Centro de Estudios de Derecho Penal y Procesal Penal Latinoamericano (CEDPAL)
Pareciera que la formación masiva de juristas en Colombia es inversamente proporcional a la capacidad efectiva de los mismos para intervenir y transformar el “mundo del Derecho”, sus prácticas cotidianas, las redes de poder en las que se desenvuelve y los estatus económicos y políticos que reproduce. ¿Cómo se explica la incompetencia material de los juristas para revisar sus desconexiones con la realidad social, la complicidad non sancta frente a la política y, en consecuencia, los saboteos al proyecto de convivencia democrático al que se aspira en un Estado constitucional de derecho? Sin duda, se hace urgente insistir en un diálogo más amplio que promueva diagnósticos sensatos de nuestro presente como juristas.
Entre los múltiples niveles de análisis que se deberían abordar para confrontar estas problemáticas, es necesario insistir en lo que va de la crisis de la educación jurídica al desmoronamiento de la democracia. La formación de juristas y, quizás más radicalmente, la de científicos del Derecho parece inclinarse cada vez con más fuerza a la defensa del propio lucro. Más concretamente dicho, se trata de un escenario en el que se descarta conscientemente la formación y la defensa de habilidades indispensables para democracias más incluyentes. A los fines de fomentar la competitividad en el mercado, cada vez viene perdiendo terreno la formación de juristas dispuestos a anteponer la “ética del servicio” frente a sus propios réditos académicos y/o financieros.
El asunto es dramáticamente visible en los más altos niveles de formación de conocimiento jurídico. Así, por ejemplo, parece una patología de algunos doctorandos colombianos en el extranjero el hecho de renunciar a alguna posibilidad de servicio frente a la comunidad académica latinoamericana para concentrarse en la defensa egoísta y tendenciosa de sus réditos científicos. Esto determina el rezago de procesos más amplios de intercambio académico y, con ello, también, de reflexión acerca de las (in)pertinencias del Derecho en nuestras realidades. Con el afán de la rentabilidad personal en la producción de conocimiento jurídico, se pone en riesgo un factor esencial para la promoción de ciudadanías incluyentes: la capacidad de trascender en la situación de los otros o, por lo menos, de comprender imaginativamente la misma.
En estas patologías de la formación del conocimiento científico, se plasma, a la vez, una tensión – ya sensatamente planteada en Colombia por Martha Nussbaum – entre una formación que produzca lucro y una formación para una ciudadanía más incluyente. Frente a esto último, los científicos del Derecho de países como Colombia tenemos una gran responsabilidad. La formación jurídica tiene un rol determinante en el proceso de modificación de estructuras sociopolíticas que han promovido el uso y la reproducción de la violencia, entre ellas el Derecho Penal y su violencia punitiva. Por ello, insistir en la producción científico-jurídica para el lucro particular es una torpeza moral y política, precisamente porque es hacerse participe de la perpetuación de la desigualdad, del desconocimiento del otro, de la incomprensión de las diferencias y, en últimas, del deterioro de la democracia.
En el campo del Derecho, al científico colombiano no se le debería medir tanto por lo que produce, sino, más importante aún, por su impacto en la promoción de la inclusión, es decir, los puentes que construye para la formación de comunidad científica, para la promoción de intercambio académico y, sobre todo, en la forma como sitúa aquel conocimiento adquirido en su propio contexto. Esto, a su vez, lleva a valorar la formación jurídica –básica y especializada– por su significado y no exclusivamente por sus resultados. En un país en el que predomina un acceso desigual a la educación superior –a nivel de pregrado y posgrados–, estos aspectos son bases muy importantes para que el aparato educativo y, con el mismo, la producción de conocimiento científico se pueda poner al servicio de una real cultura de la paz.
* Agradezco los valiosos comentarios de Gustavo Urquizo, LLM, doctorando, docente e investigador del CEDPAL.
Opina, Comenta